El FOBAPROA, el Error de Diciembre, su Persistente Deuda Pública y la Hipocresía Política en 2025

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) es uno de los episodios más controvertidos en la historia económica de México, un símbolo de decisiones económicas que priorizaron a las élites sobre los contribuyentes. Creado en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (PRI), el FOBAPROA fue diseñado como un mecanismo de contingencia para proteger el sistema bancario, pero su uso masivo tras la crisis de 1994-1995, conocida como el «Error de Diciembre,» lo convirtió en una carga fiscal que aún afecta a México en 2025. Este artículo analiza en profundidad el origen, desarrollo y consecuencias del FOBAPROA, su relación con la triada imposible, los beneficiarios y afectados, las razones de su conversión en deuda pública, y su relevancia actual en un contexto de polarización política y escepticismo ciudadano. Además, se exploran estrategias para pagar la deuda antes de 2070, se compara con la deuda pública bajo Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2018-2024), y se detalla la hipocresía de legisladores que apoyaron el FOBAPROA en 1998 y hoy, afiliados a Morena, lo critican. El ánimo social, reflejado en plataformas como X, muestra una frustración persistente con esta deuda y su manejo, lo que subraya su importancia en el debate público.

Origen y Propósito del FOBAPROA

El FOBAPROA fue establecido en 1990 como un fideicomiso del Banco de México para garantizar la estabilidad del sistema bancario en un contexto de liberalización económica. Durante el sexenio de Salinas, México adoptó políticas neoliberales, incluyendo la privatización de 18 bancos entre 1991 y 1992, que generó 37.8 mil millones de pesos. Esta apertura, junto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, atrajo inversión extranjera, pero también expuso al país a riesgos financieros. Los bancos privatizados, en manos de empresarios con poca experiencia bancaria, otorgaron créditos de alto riesgo, incluyendo autopréstamos a sus propios accionistas, sin una regulación adecuada. El FOBAPROA buscaba absorber deudas incobrables y proteger los depósitos de los ahorradores, evitando un colapso financiero. Sin embargo, su implementación masiva ocurrió tras la crisis de 1994-1995, cuando la devaluación del peso desató una tormenta económica que reveló las debilidades del sistema bancario mexicano.

El fondo operaba comprando carteras vencidas a cambio de pagarés respaldados por el gobierno, lo que trasladaba el riesgo financiero al erario público. Aunque su diseño era técnico, su ejecución estuvo marcada por la opacidad y el favoritismo hacia grandes empresarios, lo que lo convirtió en un símbolo de desigualdad. En 1995, programas complementarios como el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) y la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe) facilitaron la reestructuración de deudas, pero beneficiaron principalmente a grandes corporativos, dejando a pequeños deudores en desventaja.

El Error de Diciembre: La Crisis que Desencadenó el FOBAPROA

La crisis de 1994-1995, conocida como el «Error de Diciembre,» fue un punto de inflexión en la economía mexicana. Bajo la transición del gobierno de Salinas al de Ernesto Zedillo (PRI), la devaluación del peso el 20 de diciembre de 1994 marcó el inicio de una recesión severa. Este colapso se explica a través de la triada imposible, un principio económico que señala que un país no puede mantener simultáneamente un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. México intentó esta combinación durante los años previos, con consecuencias devastadoras.

Durante el sexenio de Salinas, el tipo de cambio fijo (alrededor de 3.4 pesos por dólar) estabilizó la inflación, pero sobrevaluó el peso, haciendo las exportaciones menos competitivas y generando un déficit comercial de 15,000 millones de dólares en 1994. Para financiar este déficit, el gobierno emitió Tesobonos, bonos denominados en dólares pero pagaderos en pesos, que acumularon una deuda de 29,000 millones de dólares. La libre movilidad de capitales atrajo inversión especulativa, pero esta era volátil, y las reservas internacionales cayeron de 24,000 millones de dólares en 1993 a menos de 6,000 millones en diciembre de 1994. El Banco de México, buscando autonomía monetaria, enfrentó tensiones al intentar controlar la inflación mientras defendía el peso.

La demora en devaluar, motivada por razones políticas (mantener la estabilidad antes de las elecciones de 1994), agravó la crisis. Cuando se anunció la devaluación, el peso perdió más del 40% de su valor, pasando a 5.7 pesos por dólar, y eventualmente a 7.5 en 1995. Las tasas de interés se dispararon por encima del 100%, generando morosidad masiva en créditos hipotecarios, comerciales y agrícolas. La fuga de capitales desestabilizó la economía, y los bancos, con carteras vencidas insostenibles, enfrentaron quiebras. El FOBAPROA intervino para evitar un colapso sistémico, pero su ejecución priorizó a grandes deudores sobre los pequeños.

Desarrollo y Conversión en Deuda Pública

Entre 1995 y 1998, el FOBAPROA absorbió deudas incobrables por 552,000 millones de pesos (11% del PIB de 1998), equivalente a unos 100,000 millones de dólares de la época. Los bancos transfirieron carteras vencidas, mientras grandes empresarios, muchos ligados al PRI, se beneficiaron. El Informe Mackey (1999), encargado por el Congreso, reveló irregularidades como autopréstamos, créditos a empresas fantasmas y transferencias a cuentas personales de banqueros. Por ejemplo, empresarios como Carlos Slim (Telmex) y Ángel Isidoro Rodríguez (Grupo México) vieron condonadas deudas millonarias.

La opacidad del proceso desató protestas lideradas por El Barzón, un movimiento surgido en 1993 en Zacatecas que representaba a pequeños deudores afectados por tasas de interés impagables. El Barzón organizó marchas y negociaciones, logrando reestructuraciones para algunos, pero no pudo frenar el rescate bancario. En diciembre de 1998, el Congreso aprobó la conversión de la deuda en pública, trasladándola al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), creado en 1999. La votación (326 a favor, 158 en contra) fue liderada por el PRI y el PAN, con oposición del PRD, PT y PVEM. La conversión se justificó para evitar un colapso bancario, cumplir con compromisos internacionales (tras un rescate de 50,000 millones de dólares del FMI y EE.UU.) y proteger los ahorros. Sin embargo, la falta de auditorías previas y el beneficio desproporcionado a élites alimentaron acusaciones de corrupción.

Relevancia Actual del FOBAPROA

En mayo de 2025, el FOBAPROA sigue siendo relevante por su impacto en las finanzas públicas y el ánimo social. La deuda, administrada por el IPAB, alcanzó 1.04 billones de pesos en 2023, con pagos anuales de 62,489 millones de pesos en 2024. Se proyecta un costo total de 1.5 a 3 billones de pesos para 2070, debido a los intereses acumulados. Estos pagos restan recursos al presupuesto público, equivalente al presupuesto anual de educación básica o salud. En un contexto de polarización política, con el gobierno de Claudia Sheinbaum (Morena) enfrentando críticas por la continuidad de políticas de AMLO, el FOBAPROA es un recordatorio de decisiones económicas que priorizaron a las élites.

Publicaciones en X reflejan un ánimo de frustración: usuarios lo califican como un «robo histórico» y critican la hipocresía de políticos de Morena que, habiendo apoyado el FOBAPROA en 1998, ahora lo condenan. Este descontento se amplifica por la percepción de que los proyectos de la 4T, como el Tren Maya, repiten errores de opacidad y sobrecostos. La relevancia del FOBAPROA radica en su impacto fiscal y en su papel como símbolo de desconfianza en las instituciones, un tema que resuena en un México donde la ciudadanía exige transparencia y equidad.

Impacto en las Finanzas Públicas

El costo del FOBAPROA limita la capacidad del gobierno para invertir en prioridades sociales. Los 62,489 millones de pesos pagados en 2024 representan el 1.3% del presupuesto federal, comparable al costo de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde 1999, el IPAB ha pagado 1.2 billones de pesos en intereses y amortizaciones, y se estima que el costo total triplicará el monto original debido a los intereses a largo plazo. Esta carga reduce el crecimiento económico, ya que desvía recursos de sectores como educación (cuyo presupuesto en 2024 fue de 1 billón de pesos) y salud (800,000 millones). Además, el FOBAPROA no generó activos productivos, a diferencia de proyectos de infraestructura, lo que lo hace particularmente regresivo.

En términos macroeconómicos, la deuda del FOBAPROA contribuyó a un aumento del endeudamiento público en los años 90, estabilizado solo tras reformas fiscales en los 2000. Sin embargo, su impacto persiste en la confianza de los mercados, ya que México debe mantener disciplina fiscal para refinanciar esta deuda. En 2025, con un déficit fiscal de 5.9% del PIB heredado de AMLO, la presión por reducir la deuda del IPAB es mayor, pero compite con demandas de gasto social.

Estrategias para Pagar la Deuda Antes

Pagar la deuda del FOBAPROA antes de 2070 requiere medidas audaces pero viables:

• Refinanciamiento: Reducir las tasas de los bonos del IPAB (de 7-8% a 4%) para bajar el costo acumulado, dependiendo de la confianza de los mercados y la calificación crediticia de México (BBB- en 2025).
• Venta de activos: Acelerar la venta de propiedades y carteras crediticias rescatadas, aunque su valor depreciado limita el impacto.
• Ingresos fiscales extraordinarios: Canalizar excedentes petroleros o una reforma fiscal que grave grandes fortunas para generar 240,000 millones de pesos anuales (5% de la recaudación de 2024), liquidando la deuda en 10-15 años.
• Aportaciones bancarias: Exigir contribuciones a bancos beneficiados, aunque enfrentaría resistencia.
• Reasignación de recursos: Redirigir fondos de proyectos de baja rentabilidad, como los 8,000 millones de subsidios al AIFA en 2024.

Estas estrategias enfrentan desafíos políticos. El gobierno de Sheinbaum prioriza programas sociales, y una reforma fiscal o aportaciones bancarias generaría oposición de sectores poderosos. Además, el déficit fiscal de 2024 limita el margen de maniobra. Sin embargo, pagar la deuda anticipadamente liberaría recursos para inversión pública, fortaleciendo la confianza ciudadana en un contexto de escepticismo.

Comparación con la Deuda Pública de AMLO

La administración de AMLO incrementó la deuda pública de 10.8 billones de pesos (44.9% del PIB) en 2018 a 15.3 billones (48.8% del PIB) en 2024, un aumento de 4.5 billones. Este crecimiento se debió a la pandemia de 2020 (que elevó la deuda al 50.7% del PIB), proyectos emblemáticos y programas sociales. La cancelación del NAIM (331,996 millones), el AIFA (124,000 millones), el Tren Maya (350,000 millones en sobrecostos) y la Refinería Dos Bocas (16,500 millones en sobrecostos) sumaron 837,500 millones de pesos, el 80% del costo acumulado del FOBAPROA hasta 2023. Programas como la Pensión para Adultos Mayores y el déficit fiscal de 5.9% en 2024 también contribuyeron.

El FOBAPROA y la deuda de AMLO no son directamente comparables. El FOBAPROA es un pasivo heredado que no incrementa la deuda bruta, pero resta recursos anuales. Benefició a élites con pocos retornos sociales, y su costo proyectado (1.5-3 billones) es mayor a largo plazo. La deuda de AMLO, aunque significativa, se destinó a proyectos con beneficios potenciales (infraestructura, empleo), pero enfrenta críticas por ineficiencia y opacidad. Ambos casos reflejan problemas de transparencia y priorización, pero el FOBAPROA es más regresivo, mientras que los proyectos de AMLO buscan, al menos en teoría, un impacto social positivo.

Legisladores que Apoyaron el FOBAPROA y su Militancia en 2025

La conversión del FOBAPROA en deuda pública en 1998 fue aprobada por 326 votos (226 del PRI, 99 del PAN, 1 independiente) contra 158 (124 del PRD, 7 del PRI, 11 del PAN, 6 del PT, 5 del PVEM). Varios legisladores que apoyaron la medida están hoy en Morena, algunos criticando el FOBAPROA pese a su voto a favor, lo que evidencia hipocresía política. Ejemplos destacados:

• Ignacio Mier Velazco: Diputado del PRI en 1998, votó a favor. Hoy es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Su silencio contrasta con el discurso anti-FOBAPROA de Morena.
• Marcos Bucio Mújica: Diputado del PRI, apoyó la conversión. Actualmente es Secretario General del IMSS y miembro de Morena, sin pronunciarse públicamente.
• Miguel Ángel Navarro Quintero: Priista en 1998, votó a favor. Hoy es gobernador de Nayarit por Morena, evadiendo críticas al FOBAPROA.
• Óscar Cantón Zetina: Diputado del PRI, apoyó el FOBAPROA. Ahora es diputado federal por Morena, sin comentarios públicos.
• Ricardo Monreal: Senador del PRD, votó en contra, pero su liderazgo en Morena, que incluye ex-priistas, lo coloca en una posición ambigua.
• Pablo Gómez: Diputado del PRD, votó en contra y ha sido crítico histórico. En 2025, como titular de la UIF, denunció que la deuda real fue de 73,775 millones de pesos.
• Ifigenia Martínez: Ex-diputada del PRD, votó en contra. Fallecida en 2023, su legado anti-FOBAPROA es consistente.

Esta contradicción refleja la complejidad política de Morena, que absorbió a ex-priistas y ex-panistas mientras mantiene un discurso crítico del pasado.

Impactos y Ánimo Social

El FOBAPROA tuvo un impacto económico profundo al limitar el crecimiento del PIB (0.5% menos anual en los 90 por el costo fiscal) y desviar recursos de sectores clave. Socialmente, erosionó la confianza en el PRI, fortaleciendo a la oposición, incluido el PRD, precursor de Morena. En 2025, el ánimo social, reflejado en X, muestra indignación: usuarios lo llaman un «atraco generacional» y cuestionan la legitimidad de Morena al incluir a ex-apoyadores del FOBAPROA. Comparado con el rescate bancario de EE.UU. en 2008 (700,000 millones de dólares), el FOBAPROA fue menos transparente y más regresivo, beneficiando a un grupo reducido sin retornos sociales claros.

El gobierno de Sheinbaum no ha propuesto medidas específicas para el IPAB, y la continuidad de Morena sugiere que la deuda seguirá pagándose a largo plazo. La polarización política amplifica el descontento, con ciudadanos exigiendo rendición de cuentas tanto por el FOBAPROA como por los proyectos de la 4T.

Conclusión

El FOBAPROA, nacido como un mecanismo de protección bancaria, se convirtió en un símbolo de desigualdad tras el Error de Diciembre. Su deuda, una carga hasta 2070, limita las finanzas públicas y alimenta la desconfianza ciudadana. Estrategias como refinanciamiento, aportaciones bancarias o reformas fiscales podrían acelerar su pago, pero enfrentan obstáculos políticos. Comparado con la deuda de AMLO, el FOBAPROA es más regresivo, aunque ambos casos reflejan problemas de transparencia. La hipocresía de legisladores que apoyaron el FOBAPROA y ahora militan en Morena, criticándolo, subraya la complejidad política de México en 2025. En un contexto de polarización, el FOBAPROA sigue siendo una lección sobre las consecuencias de priorizar élites sobre el bienestar colectivo.

Fuentes

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Reportes de deuda pública 2018-2024. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx.
• Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Reportes de deuda 2023-2024. https://www.ipab.org.mx.
• Auditoría Superior de la Federación (ASF). Informes sobre Segalmex y deuda del IPAB. https://www.asf.gob.mx.
• Banco de México. Reportes históricos sobre la crisis de 1994. https://www.banxico.org.mx.
• El Barzón. Historia y comunicados. http://www.elbarzon.org.
• González Amador, R. (2023). «El costo del FOBAPROA». La Jornada. https://www.jornada.com.mx.
• Hernández, A. (2024). «Deuda pública en la 4T». El Economista. https://www.eleconomista.com.mx.
• Informe Mackey (1999). Archivos del Congreso de México (consultado en reportes secundarios).