La Roqueseñal revisitada: Una reforma fiscal en 2025 bajo la sombra de 1995

En 1995, México enfrentó una crisis económica devastadora conocida como el «Error de Diciembre». La devaluación del peso desató una recesión que disparó la inflación y erosionó el poder adquisitivo de millones de mexicanos. En este contexto, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 15%, aprobado en la Cámara de Diputados bajo el liderazgo del priista Humberto Roque Villanueva. La celebración de esta medida con un gesto burlón, conocido como la «Roqueseñal», se convirtió en un símbolo de la desconexión entre la élite política y una sociedad en crisis. Este episodio marcó el costo político de una reforma fiscal impopular y contribuyó al desgaste del PRI, que perdió la presidencia en 2000.

En 2025, México enfrenta un panorama económico y fiscal desafiante, con ecos de 1995. La deuda pública ronda el 50% del PIB, el déficit fiscal se proyecta en 3.9% del PIB, y la recaudación tributaria, aunque fortalecida por la digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), permanece en un 16% del PIB frente al promedio de 24% de la OCDE. Las proyecciones de crecimiento económico son desalentadoras: el Banco de México (Banxico) estima un crecimiento de apenas 0.2%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa una contracción del 0.3% y la OCDE proyecta una caída del 1.3%. Tensiones comerciales con Estados Unidos, la incertidumbre por la revisión del T-MEC en 2026, y las reformas judiciales de 2024 han debilitado la confianza de los inversionistas, reduciendo la inversión extranjera directa en un 10% desde 2023. La inflación, en 3.96% en abril de 2025, supera el objetivo de Banxico (3%), manteniendo una tasa de interés restrictiva del 9%. En este contexto, una reforma fiscal podría estabilizar las finanzas públicas y financiar la visión transformadora de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la sombra de la Roqueseñal advierte sobre los riesgos de una reforma mal diseñada o comunicada. Este artículo analiza la viabilidad, necesidad, diseño, costos, beneficios, impactos fiscales, estrategias de comunicación, ganadores, perdedores, riesgos geopolíticos, alternativas no fiscales, y propuestas para impulsar la formalización y las transferencias sociales, manteniendo un enfoque crítico y objetivo.

El contexto económico y fiscal de 2025

México en 2025 enfrenta un entorno económico precario. Las proyecciones de contracción económica (-0.3% FMI, -1.3% OCDE) reflejan el impacto de factores externos, como las tarifas comerciales impuestas por Estados Unidos, e internos, como la percepción de inestabilidad jurídica tras las reformas judiciales de 2024. La revisión del T-MEC en 2026 añade incertidumbre, ya que posibles restricciones comerciales podrían afectar las exportaciones mexicanas, que representan el 40% del PIB. La dependencia de los ingresos petroleros (30% de los ingresos públicos) sigue siendo un riesgo estructural en un contexto de transición energética global. El déficit fiscal de 3.9% del PIB y los compromisos crecientes en programas sociales, pensiones y proyectos de infraestructura limitan el espacio fiscal.

La administración de Sheinbaum, respaldada por la mayoría de Morena, tiene el capital político para impulsar una reforma fiscal, pero enfrenta resistencias de la oposición, sectores empresariales y una sociedad marcada por la aversión a los impuestos, alimentada por la memoria de la Roqueseñal y eventos como el «gasolinazo» de 2017. La viabilidad política depende de negociar con actores clave y evitar el rechazo social que hundió al PRI en 1995. Técnicamente, el SAT ha reducido la evasión fiscal en un 20% desde 2018 mediante fiscalización digital, pero ampliar la base tributaria requiere un diseño cuidadoso para evitar impactos regresivos. La necesidad de una reforma es clara: la sostenibilidad fiscal está en riesgo, la desigualdad (coeficiente de Gini de 0.42) es una de las más altas de la OCDE, y la dependencia de los ingresos petroleros limita la resiliencia económica. Sin embargo, la contracción económica proyectada y la aversión histórica a los impuestos presentan desafíos significativos.

Diseño teórico y empírico de una reforma fiscal

Una reforma fiscal en 2025, inspirada en una «Roqueseñal 2.0» que combine audacia con pragmatismo, debe basarse en principios económicos modernos y lecciones empíricas. La teoría de optimal taxation de Mirrlees (1971) sugiere gravar más a quienes tienen mayor capacidad contributiva, minimizando la carga sobre los sectores vulnerables. Países como Chile (reforma de 2014) y Canadá (impuesto al carbono) han demostrado que combinar impuestos progresivos con transferencias compensatorias reduce la desigualdad sin sacrificar el crecimiento.

Una reforma podría centrarse en ajustes selectivos al IVA, eliminando exenciones en bienes no esenciales, como alimentos procesados o servicios de lujo, con una tasa reducida del 10%. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esto generaría ingresos equivalentes al 1% del PIB. Para evitar el impacto regresivo de 1995, cuando el aumento del IVA elevó la pobreza en un 5%, se podrían implementar transferencias directas a los hogares más pobres, similares al modelo canadiense. Un impuesto al patrimonio del 2% sobre fortunas superiores a 500 millones de pesos podría recaudar 0.5% del PIB, mientras que elevar la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para ingresos superiores a 5 millones de pesos anuales al 40% generaría ingresos adicionales sin afectar a la clase media. La experiencia de Francia muestra beneficios redistributivos, pero también riesgos de fuga de capitales, un factor crítico dado la caída en la inversión extranjera.

Un impuesto al carbono de 30 dólares por tonelada de CO2, alineado con los estándares de la OCDE, podría generar ingresos del 0.3% del PIB y apoyar la transición energética. Canadá demuestra que redistribuir estos ingresos mitiga el impacto en el consumo. Fortalecer el impuesto predial mediante la actualización de los catastros municipales podría incrementar los ingresos locales en un 0.2% del PIB, descentralizando recursos, como lo logró Colombia con un aumento del 15% en la recaudación predial.

Estrategias para impulsar la formalización

La economía informal, que representa el 50% de la actividad económica, es un obstáculo para la recaudación tributaria. La formalización ampliaría la base tributaria y mejoraría el acceso a seguridad social y crédito. Una estrategia clave sería extender el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RESICO), aplicando tasas progresivas bajas (1-2% sobre ingresos brutos) para microempresas con facturación inferior a 2 millones de pesos. Perú incrementó la formalización en un 15% en una década con un esquema similar, demostrando su efectividad. Ofrecer créditos fiscales equivalentes al 50% de las contribuciones al IMSS para empresas que formalicen trabajadores durante los primeros tres años reduciría el costo de la formalidad, estimado en un 20% del salario para pymes, según el Banco Mundial.

Permitir la deducción de IVA para asalariados en bienes esenciales, como alimentos, transporte o salud, con un tope de 10,000 pesos anuales por hogar, incentivaría la facturación electrónica, presionando a los negocios informales a registrarse. En Colombia, este mecanismo incrementó la facturación formal en un 5% en cinco años. Un trabajador que deduzca el IVA de sus compras de supermercado recibiría un beneficio fiscal directo, mientras que los negocios tendrían un incentivo para emitir facturas. Campañas de educación fiscal, inspiradas en Brasil, donde programas similares aumentaron la formalización en un 10% entre 2008 y 2018, podrían explicar los beneficios de la formalidad, como el acceso a pensiones y crédito, especialmente en zonas rurales con alta informalidad, como el sureste de México.

Costos y beneficios de la reforma fiscal

Una reforma fiscal podría incrementar la recaudación en 2-3% del PIB, estabilizando las finanzas públicas en un contexto de déficit de 3.9% y deuda pública del 50% del PIB. Los impuestos progresivos financiarían políticas redistributivas, reduciendo la desigualdad en 0.02-0.03 puntos del coeficiente de Gini. Un aumento del gasto social en un 1% del PIB podría reducir la pobreza en un 3-5%, según el Banco Mundial, crucial en un contexto de contracción económica (-0.3% FMI). Diversificar los ingresos fiscales reduciría la dependencia de los ingresos petroleros, y una estructura fiscal moderna podría atraer inversión extranjera, aunque limitada por la incertidumbre del T-MEC.

Sin embargo, un ajuste al IVA podría reducir el consumo en un 0.5% del PIB, agravando la contracción económica (-1.3% OCDE). Los impuestos al patrimonio y al ISR podrían desincentivar la inversión privada, que ya ha caído un 10% desde 2023. Nuevos impuestos podrían incentivar la informalidad sin incentivos adecuados. Políticamente, la aversión a los impuestos, intensificada por la Roqueseñal, sigue siendo un obstáculo, y una reforma mal comunicada podría generar protestas.

Impactos de los cambios a impuestos específicos

El impuesto al patrimonio y el aumento del ISR para altos ingresos serían los más efectivos para la redistribución, financiando programas sociales para el 20% más pobre sin afectar a la clase media. El impuesto al carbono generaría ingresos y apoyaría la transición energética. La deducción de IVA para asalariados podría incrementar la base tributaria en un 5% en cinco años. Sin embargo, un ajuste al IVA, sin transferencias compensatorias, podría incrementar la pobreza en un 2%, según el CIEP. Un aumento en el ISR corporativo podría reducir la inversión privada en un 0.3% del PIB, afectando sectores como la manufactura, que representa el 20% del PIB.

Riesgos geopolíticos y el T-MEC

La revisión del T-MEC en 2026 plantea riesgos significativos para la reforma fiscal. México depende de las exportaciones a Estados Unidos (80% del total), y posibles restricciones comerciales, como aranceles más altos o cambios en las reglas de origen, podrían reducir el crecimiento económico en un 0.5-1% adicional, según el FMI. Esto limitaría los ingresos fiscales y complicaría la implementación de nuevos impuestos, especialmente el ISR corporativo, que podría alejar a empresas multinacionales en sectores clave como la automotriz. La incertidumbre geopolítica, combinada con la percepción de inestabilidad jurídica, podría exacerbar la caída en la inversión extranjera, reduciendo el margen para financiar programas sociales. Una reforma fiscal debe considerar estos riesgos, priorizando impuestos que no desincentiven la inversión, como el impuesto al carbono, y fortaleciendo incentivos para la formalización para compensar posibles pérdidas de ingresos.

Alternativas no fiscales

Además de la reforma fiscal, México podría explorar alternativas no fiscales para mejorar las finanzas públicas. La optimización del gasto público, que representa el 25% del PIB, podría liberar recursos significativos. Eliminar subsidios ineficientes, como los combustibles fósiles (0.5% del PIB), y redirigirlos a programas sociales focalizados aumentaría la eficiencia sin nuevos impuestos. La privatización de activos estatales no estratégicos, como propiedades gubernamentales o empresas públicas no esenciales, podría generar ingresos extraordinarios equivalentes al 1% del PIB, según el CIEP, aunque enfrenta resistencias políticas por el legado nacionalista de Morena. Combater la corrupción, que cuesta un 9% del PIB según Transparencia Internacional, podría liberar recursos mediante auditorías más estrictas y sanciones efectivas. Estas alternativas complementan pero no sustituyen la necesidad de una reforma fiscal estructural, ya que no abordan la dependencia de los ingresos petroleros ni la baja recaudación tributaria.

Comunicación: Superando la aversión a los impuestos

La aversión a los impuestos, alimentada por la corrupción y la Roqueseñal de 1995, requiere una comunicación transparente y empática. Campañas públicas, como las implementadas en Chile tras su reforma de 2014, podrían mostrar cómo los ingresos fiscales financian hospitales, escuelas o transferencias directas. La deducción de IVA para asalariados podría promoverse como un beneficio directo para las familias, incentivando la facturación formal. Auditorías públicas del gasto, publicadas en tiempo real, serían esenciales para reconstruir la confianza. Evitar gestos triunfalistas, como la Roqueseñal original, será crucial para ganar legitimidad y evitar el rechazo social.

El papel de las transferencias sociales

Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han priorizado las transferencias sociales, que representan el 4% del PIB en 2025 y han reducido la pobreza extrema en un 10% desde 2018, según el Coneval. Transferencias focalizadas, como un ingreso básico temporal para el 30% de los hogares más pobres, podrían mitigar los impactos regresivos del IVA y sostener el consumo en un contexto de contracción económica. Sin embargo, un aumento indiscriminado podría generar dependencia y presionar las finanzas públicas. Políticamente, las transferencias han sido criticadas como herramientas clientelares, lo que plantea riesgos para la pluralidad democrática. Focalizar las transferencias y garantizar transparencia mediante auditorías públicas sería esencial para evitar un sistema clientelar que perpetúe a Morena en el poder.

Ganadores y perdedores

Los hogares de menores ingresos se beneficiarían de transferencias focalizadas y mayor gasto social. Los gobiernos locales ganarían con un impuesto predial fortalecido. Los trabajadores informales podrían acceder a seguridad social y crédito mediante la formalización. Las clases altas, afectadas por impuestos al patrimonio y al ISR, y las empresas, con márgenes de ganancia reducidos por el ISR corporativo, serían los principales perdedores, aunque las transferencias compensarían el impacto del IVA en los consumidores.

Reflexión final: Redimir la Roqueseñal

La Roqueseñal de 1995 es una advertencia: las reformas fiscales son un desafío técnico, político y social. En 2025, con un crecimiento estancado (0.2% Banxico) o negativo (-0.3% FMI, -1.3% OCDE), una reforma fiscal es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y financiar la visión transformadora de Sheinbaum. Un diseño progresivo, con impuestos al patrimonio, ISR, al carbono y deducciones de IVA para asalariados, podría maximizar la recaudación y la equidad. Las transferencias focalizadas mitigarían impactos regresivos, pero deben evitar el clientelismo. La comunicación transparente y las alternativas no fiscales, como la optimización del gasto, serán clave para superar la aversión a los impuestos y evitar una nueva Roqueseñal, construyendo un pacto social para un México más justo.

Fuentes y vínculos

1. Fondo Monetario Internacional (FMI): Proyecciones sobre deuda y déficit fiscal en México (2025). Disponible aquí.
2. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP): Análisis sobre recaudación y propuestas de reforma fiscal. Disponible aquí.
3. OCDE: Comparativo de recaudación tributaria en América Latina. Disponible aquí.
4. Servicio de Administración Tributaria (SAT): Informes sobre avances en fiscalización digital. Disponible aquí.
5. SinEmbargo MX: Contexto histórico de la Roqueseñal y aumento del IVA en 1995. Disponible aquí.
6. La Jornada: Crónica de la Roqueseñal y sus implicaciones políticas. Disponible aquí.
7. Banco de México: Encuesta de expectativas de especialistas (mayo 2025). Disponible aquí.
8. Banco Mundial: Reporte sobre pobreza y crecimiento económico en México (2025). Disponible aquí.
9. Coneval: Evaluación de programas sociales y pobreza en México. Disponible aquí.
10. Transparencia Internacional: Índice de percepción de la corrupción en México. Disponible aquí.