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Elección Judicial México 2025: ¿Por qué participar podría ser una pérdida de tiempo?

El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un evento inédito: la elección por voto popular de 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de diversos cargos en los poderes judiciales locales. A primera vista, este ejercicio podría parecer un avance hacia una mayor democratización del sistema judicial. Sin embargo, un análisis crítico revela que el proceso está plagado de irregularidades, conflictos de interés y riesgos estructurales que lo convierten en un ejercicio cuestionable, con costos significativos a largo plazo que podrían superar cualquier beneficio inmediato. Participar en esta elección puede ser, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo, y en el peor, un respaldo implícito a un sistema viciado que coarta la independencia del Poder Judicial en favor del partido gobernante, Morena.

Un proceso desaseado desde su concepción

Las tómbolas: un mecanismo opaco y cuestionable

El proceso de selección de candidatos para la elección judicial incluyó el uso de tómbolas, un sistema de sorteo que pretendía garantizar imparcialidad al reducir la lista de aspirantes. Sin embargo, este mecanismo ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia y por su susceptibilidad a manipulaciones. Por ejemplo, se ha denunciado que más de 500 candidatos seleccionados en las tómbolas «desaparecieron misteriosamente» de las boletas, siendo reemplazados por perfiles más afines a Morena, según publicaciones en redes sociales. Aunque el sorteo se presentó como un método para evitar el «dedazo» político, funcionarios han señalado que los comités de evaluación estuvieron sometidos a presiones de legisladores de Morena y del Ejecutivo, lo que sugiere que el proceso no fue tan aleatorio como se afirmó. La tómbola, en lugar de garantizar objetividad, parece haber servido como una herramienta para filtrar candidatos no deseados y favorecer a aquellos cercanos al poder político.

Candidatos ligados al crimen organizado

Uno de los aspectos más alarmantes del proceso es la presencia de candidatos con presuntos vínculos al crimen organizado. Según reportes, al menos 26 candidatos han sido señalados por tener conexiones con la delincuencia organizada, haber defendido a narcotraficantes o enfrentar acusaciones por delitos como abuso sexual, desaparición forzada o amenazas. Por ejemplo, Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado administrativo en la Ciudad de México, enfrenta imputaciones por delincuencia organizada con una orden de aprehensión pendiente. Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza mixta en la Ciudad de México, ha sido señalada por defender a un narcotraficante. Organizaciones como Defensorxs han identificado al menos 13 candidaturas relacionadas con el crimen organizado, delitos sexuales o sectas político-religiosas, lo que evidencia fallas graves en los filtros de selección. A pesar de que el Senado y la Cámara de Diputados solicitaron al INE cancelar estas candidaturas, el organismo electoral se ha declarado sin facultades para hacerlo a tan solo semanas de la elección, lo que agrava las preocupaciones sobre la integridad del proceso.

Boletas complejas y desinformación

El diseño de las boletas electorales representa otro obstáculo significativo. Los votantes recibirán hasta seis boletas diferenciadas por color (morada para la SCJN, azul para la Sala Superior del TEPJF, turquesa para el Tribunal de Disciplina Judicial, naranja para salas regionales del TEPJF, rosa para magistrados y amarilla para jueces), cada una con hasta 42 candidaturas. Este sistema, que incluye códigos numéricos y especialidades (penal, civil, laboral, etc.), ha sido descrito como abrumador y confuso. Según estimaciones, completar las boletas podría tomar hasta 10 minutos por votante, lo que desincentiva la participación, especialmente en un contexto de baja información. Además, la plataforma del INE “Conóceles, Practica y Ubica” ofrece información incompleta sobre muchos candidatos, a menudo limitada a nombres, fotos o perfiles de redes sociales, lo que dificulta una evaluación informada. La complejidad de las boletas, combinada con la falta de claridad sobre los candidatos, refuerza la percepción de que el proceso no está diseñado para facilitar una participación ciudadana efectiva.

Prácticas internacionales: un contraste preocupante

A nivel internacional, la elección de jueces por voto popular es una práctica poco común, especialmente para cargos de alto nivel como los de la Suprema Corte. En Estados Unidos, algunos estados eligen jueces locales, pero los procesos suelen estar acompañados de estrictos requisitos de experiencia judicial y campañas reguladas para evitar la politización. Por ejemplo, en países como Bolivia, donde se han implementado elecciones judiciales, los resultados han sido mixtos, con críticas por la influencia política y la falta de preparación técnica de los candidatos. Organismos internacionales, como la ONU, han expresado preocupación por el modelo mexicano, señalando que la elección popular de jueces puede debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a influencias políticas o criminales. La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, ha destacado que la falta de criterios claros para la selección de candidatos y la eliminación del principio de inamovilidad judicial son contrarios a los estándares internacionales de una judicatura imparcial. En contraste, países con sistemas judiciales robustos, como Alemania o Canadá, priorizan la carrera judicial basada en méritos y experiencia, un modelo que México ha desechado con esta reforma.

Fin de la judicatura de carrera

La reforma judicial de 2024 eliminó el sistema de carrera judicial, que requería al menos cinco años de experiencia laboral para aspirar a cargos de juez, sustituyéndolo por un modelo donde cualquier persona con un título de abogado puede postularse. Este cambio ha sido criticado por académicos y expertos, quienes argumentan que socava la profesionalización del Poder Judicial. La carrera judicial, basada en méritos, capacitación continua y evaluaciones rigurosas, garantizaba que los jueces tuvieran experiencia técnica y conocimiento profundo del sistema legal. En su lugar, el nuevo sistema permite la participación de candidatos sin trayectoria judicial, lo que reduce la calidad de la impartición de justicia y aumenta el riesgo de decisiones influenciadas por intereses externos. La eliminación de este principio, combinada con la corta duración de los cargos (nueve años para ministros de la SCJN, con posibilidad de reelección), compromete la inamovilidad judicial, un pilar esencial para garantizar la independencia de los jueces.

Bajo perfil jurídico de los candidatos

El proceso de selección ha resultado en una lista de candidatos con perfiles jurídicos notablemente débiles. Muchos de los aspirantes carecen de experiencia judicial relevante, y algunos tienen trayectorias marcadas por lealtades políticas en lugar de méritos profesionales. Por ejemplo, la lista incluye a figuras como Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, ministras actuales de la SCJN con pase automático a las boletas, todas cercanas al gobierno de Morena. Otros candidatos, como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, o Fabiana Estrada Tena, colaboradora cercana del exministro Arturo Zaldívar, reflejan una tendencia hacia el favoritismo político. La falta de filtros rigurosos ha permitido que candidatos con antecedentes cuestionables, como vínculos con el crimen organizado o acusaciones de delitos, lleguen a las boletas, lo que pone en entredicho la idoneidad de los futuros jueces.

Cooptación del Poder Judicial por Morena

La reforma judicial, impulsada por Morena y promulgada en septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido diseñada para consolidar el control del partido gobernante sobre el Poder Judicial. La decisión del Poder Judicial Federal de no postular candidatos voluntariamente permitió a Morena, a través del Ejecutivo y el Legislativo, dominar la selección de perfiles, muchos de los cuales tienen vínculos directos con el gobierno federal. Por ejemplo, candidatos como María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de López Obrador, y Eva Verónica de Gyvés Zárate, esposa de un magistrado afín a Morena, reflejan esta tendencia. La presión ejercida por figuras como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López sobre los comités de evaluación refuerza la percepción de que el proceso estuvo influenciado por intereses partidistas. Críticos, incluyendo expertos internacionales, han advertido que esta reforma podría conducir a la cooptación de los tres poderes por un solo partido, amenazando la frágil democracia mexicana y generando incertidumbre jurídica que afecta la inversión y el desarrollo económico.

Reluctancia de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla

La organización de la elección judicial enfrenta un desafío adicional: la falta de interés ciudadano para desempeñarse como funcionario de casilla. Se requieren 1.55 millones de funcionarios para operar las más de 84,000 casillas previstas, pero la complejidad del proceso, la falta de claridad sobre los candidatos y el desinterés general han generado una notable resistencia. Encuestas indican que solo entre el 27.6% y el 39% de la población está segura de participar, y una proporción aún menor está dispuesta a asumir roles operativos. Esta renuencia refleja una desconexión entre la ciudadanía y un proceso que, lejos de inspirar confianza, es percibido como confuso y politizado. La baja participación esperada (estimada en un 16%) podría facilitar la movilización de votos corporativos por parte de partidos y sindicatos, lo que incrementa el riesgo de prácticas clientelistas, como el transporte de votantes o la compra de votos.

Costos inmediatos: un ejercicio caro y distractivo

El costo económico directo de la elección judicial es significativo. Se estima que el proceso tendrá un costo de 7,829 millones de pesos, una cifra considerable en un contexto de restricciones presupuestarias. Este gasto incluye la organización de la jornada electoral, la impresión de boletas, la capacitación de funcionarios de casilla y la difusión de información. Sin embargo, estos recursos podrían destinarse a prioridades más urgentes, como salud, educación o infraestructura, especialmente cuando el beneficio de la elección judicial es cuestionable.

Además, la preparación para este evento ha desviado la atención de otras necesidades críticas del país. El INE, los poderes locales y el gobierno federal han invertido tiempo y recursos en un proceso que, según críticos, no aborda problemas estructurales del sistema judicial, como la corrupción o la lentitud en la impartición de justicia. En lugar de fortalecer la independencia judicial, este ejercicio parece diseñado para consolidar el control político sobre el Poder Judicial, lo que nos lleva a los costos a largo plazo.

Costos a largo plazo: erosión del Estado de Derecho

El impacto más grave de esta elección no es económico, sino institucional. La elección de jueces por voto popular introduce un riesgo significativo de politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para actuar como contrapeso a los otros poderes del Estado. Los jueces, al ser electos, podrían sentirse presionados a alinear sus decisiones con intereses políticos o populares, en lugar de basarse en la ley y la Constitución. Esto es particularmente preocupante en un país con una historia de clientelismo político y polarización, donde las campañas electorales podrían convertirse en plataformas para promesas populistas o lealtades partidistas.

Otro costo a largo plazo es la potencial pérdida de confianza en el sistema judicial. Si los ciudadanos perciben que los jueces son elegidos por su cercanía al poder político en lugar de por su mérito, la legitimidad de las decisiones judiciales se verá erosionada. Esto podría traducirse en una menor certeza jurídica para inversionistas, empresas y ciudadanos, afectando la estabilidad económica y social. Por ejemplo, un Poder Judicial debilitado podría ser menos efectivo para resolver disputas comerciales o proteger derechos humanos, lo que desincentivaría la inversión extranjera y el crecimiento económico.

La perspectiva de Chidonomics: un ejercicio de fachada

Desde nuestra óptica, la elección judicial no es más que un espectáculo político diseñado para dar una apariencia de democracia mientras se concentra el poder en manos de unos pocos. Los incentivos detrás de esta reforma no parecen estar orientados a mejorar la justicia, sino a controlar un poder del Estado que históricamente ha servido como contrapeso al Ejecutivo. Participar en esta elección, entonces, podría interpretarse como avalar un proceso que, lejos de empoderar a la ciudadanía, la utiliza como un medio para legitimar decisiones previamente tomadas por las élites políticas.

Además, nuestro enfoque nos invita a cuestionar las narrativas oficiales. Aunque el gobierno y el INE promueven la elección como un ejercicio de participación ciudadana, la falta de información clara sobre las candidaturas, las restricciones logísticas y las acusaciones de manipulación sugieren que el proceso está más orientado a cumplir una agenda política que a fortalecer la democracia. La ciudadanía, al votar, podría estar invirtiendo tiempo y esfuerzo en un ejercicio con resultados predecibles, donde el verdadero poder de decisión sigue en manos de los mismos actores que diseñaron el proceso.

¿Por qué no participar?

Participar en la elección judicial del 1 de junio de 2025 implica un costo de oportunidad. El tiempo y la energía dedicados a informarse, acudir a las casillas y votar podrían destinarse a otras formas de participación ciudadana más efectivas, como la vigilancia de las instituciones, la presión por reformas estructurales genuinas o el apoyo a movimientos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. Dado que el proceso está viciado desde su origen —con candidaturas cuestionables, recortes presupuestarios, boletas complejas y riesgos de politización—, el acto de votar podría ser visto como un respaldo tácito a un sistema que no garantiza ni justicia ni democracia.

En lugar de participar, los ciudadanos podrían optar por el abstencionismo activo: no votar como una forma de protesta contra un proceso que no cumple con los estándares de equidad, transparencia e independencia. Este mensaje sería más poderoso que avalar un ejercicio que, en el mejor de los casos, es ineficiente, y en el peor, es un paso hacia la erosión del Estado de Derecho.

Conclusión

La elección judicial del 1 de junio de 2025 en México, aunque presentada como un avance democrático, es un proceso desaseado, costoso y potencialmente dañino para las instituciones del país. Las tómbolas opacas, los candidatos con vínculos al crimen organizado, las boletas excesivamente complejas, la falta de alineación con prácticas internacionales, la eliminación de la carrera judicial y el bajo perfil jurídico de los aspirantes reflejan un sistema diseñado para favorecer los intereses de Morena en lugar de fortalecer la justicia. La renuencia de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla y la baja participación esperada refuerzan la percepción de que este ejercicio carece de legitimidad. Desde la perspectiva de Chidonomics, participar en esta elección es una pérdida de tiempo, ya que los incentivos detrás de la reforma apuntan más a la consolidación del poder político que a la mejora del sistema judicial. Los costos a largo plazo —politización de la justicia, pérdida de confianza y debilitamiento del Estado de Derecho— superan con creces cualquier beneficio aparente. En lugar de legitimar un proceso viciado, los ciudadanos podrían enviar un mensaje más claro al abstenerse y exigir reformas que verdaderamente fortalezcan la independencia y la calidad del Poder Judicial.

Fuentes

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