El Contrato Social en México: Un Pacto Incompleto en Busca de Reconstrucción

El contrato social es el acuerdo invisible que define cómo convivimos con el Estado, cediendo libertades a cambio de seguridad, justicia y servicios. En México, consagrado en la Constitución de 1917, este pacto promete derechos ambiciosos, pero la desigualdad, la corrupción y la violencia lo han fracturado. Este artículo explora el contrato social mexicano, su contexto actual, su evolución histórica, sus fallas, el impacto limitado de recientes movilizaciones, y propone un ideal viable, con sus beneficios y los riesgos de una implementación fallida.

¿Qué es el contrato social?

El contrato social es el entendimiento implícito por el cual los ciudadanos renunciamos a ciertas libertades individuales —como la capacidad de actuar sin restricciones legales o resolver disputas por la fuerza— a cambio de que el Estado proporcione seguridad, justicia, servicios públicos y un marco para la convivencia ordenada. Este concepto, desarrollado en los siglos XVII y XVIII, fue articulado por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, cada uno con una visión distinta. Hobbes(lo concebía como una solución al caos del «estado de naturaleza», donde la vida era «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta», requiriendo un gobierno fuerte para imponer orden. Locke lo veía como un pacto para proteger derechos naturales (vida, libertad, propiedad), con un Estado limitado por el consentimiento de los gobernados. Rousseau lo entendía como la expresión de la «voluntad general», donde los individuos se someten a una autoridad colectiva para preservar la igualdad y la libertad común.

En la práctica, el contrato social no es un documento firmado, sino un conjunto de normas, leyes, instituciones y expectativas mutuas. Los ciudadanos pagan impuestos, acatan leyes y participan en procesos democráticos; a cambio, esperan educación, salud, seguridad y oportunidades equitativas. Su fortaleza depende de la credibilidad institucional, construida mediante transparencia, eficacia y rendición de cuentas. La calidad del contrato social determina la cohesión social y la confianza en el Estado, pero su incumplimiento puede generar descontento, resistencia o incluso colapso. En México, este pacto ha sido moldeado por una historia de desigualdades y luchas, lo que lo hace único en su dinámica y desafíos.

El contrato social en México: Un acuerdo a medias

En México, el contrato social está formalmente definido por la Constitución de 1917, que promete derechos a la educación, salud, trabajo y equidad social. Sin embargo, estas promesas chocan con una realidad de incumplimiento. La frase «el que no transa, no avanza» captura una percepción extendida: muchos ven el sistema como un juego donde evadir reglas, pagar sobornos o usar influencias es necesario para prosperar. Esto no abarca todo el pacto —hay quienes cumplen y exigen derechos—, pero refleja un pragmatismo ante un Estado ineficaz.

La desigualdad, con un índice de Gini de 0.45 (CEPAL, 2023), fragmenta el acceso a servicios: el 40% de la población carece de salud pública adecuada. La informalidad laboral afecta al 54% de los trabajadores (INEGI, 2023), quienes operan sin pagar impuestos ni recibir beneficios como seguridad social, mientras el sector informal aporta ~25% del PIB (INEGI, 2015). La tradición centralista, desde la Colonia hasta el régimen del PRI, ha generado expectativas de un Estado proveedor, pero su ineficacia y corrupción —como los 20,000 millones de pesos desviados en la refinería Dos Bocas (ASF, 2023)— han erosionado la credibilidad institucional, con solo un 25% confiando en las instituciones públicas (INEGI, 2023).

El crimen organizado agrava esta fractura. En regiones como Guerrero o Michoacán, los cárteles actúan como autoridades paralelas, ofreciendo protección, empleo o servicios básicos a cambio de lealtad o silencio. Con 30,000 homicidios en 2023, su presencia evidencia la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, creando una distorsión del contrato social donde el poder criminal sustituye al gubernamental.

Las recientes movilizaciones sociales buscan presionar al Estado, pero su impacto es limitado comparado con eventos históricos como el movimiento estudiantil de 1968. Las marchas del 8M (2020-2023) han visibilizado la violencia de género, pero las políticas, como albergues o protocolos, avanzan lentamente. Las protestas por Ayotzinapa (2014-2024), incluyendo la irrupción en Palacio Nacional en 2024, reabrieron investigaciones sin resolver el caso. Las manifestaciones contra la reforma judicial de 2024, que propone elegir jueces por voto popular, generaron debate, pero la reforma avanzó. En contraste, el 68, aunque reprimido brutalmente, sembró las semillas de la apertura democrática, visibles décadas después con la creación del IFE (hoy INE) en los 90. La polarización actual, la resistencia institucional y la falta de organización sostenida explican el impacto reducido de las protestas recientes, aunque mantienen viva la exigencia de un pacto más justo.

Evolución histórica

El contrato social mexicano ha sido moldeado por siglos de transformaciones políticas, sociales y económicas, reflejando las tensiones entre poder, desigualdad y demandas populares. Durante la Colonia (1521-1810), el pacto era jerárquico y extractivo: la Corona española ofrecía orden, evangelización y un sistema de castas a cambio de tributos y obediencia. Indígenas y mestizos, excluidos de derechos, enfrentaban explotación, sentando las bases de desigualdades estructurales que persisten. La Independencia (1810-1821) introdujo la idea de una nación soberana, pero el siglo XIX fue un periodo de inestabilidad, con guerras civiles, intervenciones extranjeras y la dictadura porfirista (1876-1911). Durante el Porfiriato, el contrato social beneficiaba a élites y extranjeros, mientras campesinos y obreros vivían en condiciones de miseria, lo que alimentó el descontento revolucionario.

La Revolución Mexicana (1910-1920) marcó un punto de inflexión. La Constitución de 1917, producto de las demandas populares, estableció un contrato social ambicioso, prometiendo derechos agrarios, laborales y sociales, como la educación gratuita y la reforma agraria. Sin embargo, su implementación fue selectiva, beneficiando principalmente a sectores urbanos y aliados políticos, mientras regiones rurales permanecían marginadas. Durante el régimen del PRI (1929-2000), el contrato se volvió paternalista: el partido ofrecía estabilidad, empleos, ejidos y subsidios a cambio de lealtad política, consolidando un sistema de clientelismo. La corrupción y la represión, como la masacre de Tlatelolco en 1968, limitaron su alcance, pero el PRI mantuvo el control al absorber movimientos sociales y cooptar liderazgos. Las crisis económicas de los 80 y 90, junto con fraudes electorales, erosionaron este modelo, abriendo paso a la transición democrática.

La victoria del PAN en 2000 rompió la hegemonía del PRI, prometiendo un contrato más plural y transparente. Sin embargo, la escalada de violencia ligada al narcotráfico (con picos de 34,000 homicidios en 2019) y las crisis económicas frustraron estas expectativas. La llegada de Morena en 2018 planteó una «transformación» basada en combatir la corrupción y la desigualdad, pero la persistencia de la inseguridad, la polarización y la opacidad en proyectos emblemáticos han mantenido el pacto en tensión, con ciudadanos exigiendo un Estado que cumpla.

Críticas al contrato social

El contrato social mexicano no cumple sus promesas fundacionales. El 40% de la población carece de acceso a salud, y la educación pública enfrenta rezagos en infraestructura y calidad. La corrupción, como los contratos opacos de la refinería Dos Bocas, con desvíos de 20,000 millones de pesos (ASF, 2023), refuerza la percepción de un Estado que traiciona a sus ciudadanos. La inseguridad, con 30,000 homicidios anuales, evidencia la incapacidad de proteger vidas. Morena, en el poder desde 2018, prometió un cambio radical, pero su estrategia de «abrazos, no balazos» no ha reducido la violencia, y la opacidad en proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas (índice de corrupción 126/180, Transparency International, 2023) contradice su discurso de transparencia. La polarización que fomenta, con una retórica de «pueblo contra élites», dificulta un pacto inclusivo, alienando a sectores necesarios para la cohesión. La falta de credibilidad institucional perpetúa un ciclo de incumplimiento, alimentando el cinismo y la resistencia.

Un contrato social ideal

El contrato social ideal para México sería inclusivo, transparente y recíproco, abordando las fracturas del sistema actual. Garantizaría acceso universal a educación, salud y seguridad, reduciendo la desigualdad (de un Gini de 0.45 a 0.35 en 20 años) para que ningún ciudadano quede excluido. La transparencia, con contratos públicos accesibles y auditorías independientes, reconstruiría la credibilidad institucional, asegurando que los recursos se usen justamente. La participación ciudadana, mediante consultas locales vinculantes, alinearía las políticas con las necesidades reales, empoderando a las comunidades. La seguridad se fortalecería desmantelando redes criminales y apoyando policías comunitarias, reduciendo los homicidios a 10 por 100,000 habitantes. Integrar a los trabajadores informales (54% del empleo) con incentivos como créditos y capacitación aseguraría que el 80% tuviera seguridad social, fortaleciendo la economía.

Este ideal contrasta con la realidad actual, marcada por la desigualdad, la corrupción (como los desvíos en Dos Bocas) y la violencia (30,000 homicidios anuales). El pacto presente, socavado por una baja credibilidad institucional (solo 25% confía) y la inseguridad persistente, alimenta el cinismo, como refleja la frase «el que no transa, no avanza». El contrato ideal transformaría esta dinámica, promoviendo confianza y cooperación. Económicamente, formalizar el sector informal podría aumentar el PIB per cápita en un 20% en 15 años (FMI, 2023), y la transparencia ahorraría hasta el 9% del PIB perdido por corrupción. Socialmente, una menor desigualdad reduciría tensiones, evitando protestas violentas y fomentando cohesión. Políticamente, la participación y la credibilidad (aumentando al 60% de confianza) fortalecerían la democracia, reduciendo la polarización. Lograr este ideal requiere no solo políticas, sino un cambio cultural hacia la rendición de cuentas y la responsabilidad colectiva.

Riesgos de una implementación fallida

Si Morena o cualquier gobierno intenta este contrato ideal pero falla en algún pilar, las consecuencias serían graves. La persistencia de la opacidad, como en los contratos actuales de Dos Bocas, profundizaría la desconfianza, desencadenando protestas y deslegitimando al gobierno. Si la inseguridad continúa, los cárteles podrían consolidar su control, convirtiendo regiones en narcoestados. Una participación ciudadana mal gestionada, como consultas manipuladas (ejemplo: la consulta de la refinería en 2019), exacerbaría divisiones sociales y políticas. Económicamente, incentivos mal diseñados para el sector informal podrían generar deuda insostenible, desestabilizando al país. La credibilidad institucional, difícil de construir, colapsaría con cualquier error, retrasando el contrato ideal por décadas y agravando las fracturas existentes.

Conclusión

El contrato social mexicano, desde la Colonia hasta la democracia actual, ha sido un reflejo de su historia: vibrante, fracturado y en constante renegociación. La Constitución de 1917 marcó un ideal ambicioso, pero la desigualdad, la corrupción y la inseguridad han impedido su cumplimiento. Las recientes movilizaciones, aunque menos transformadoras que el 68, mantienen la presión por un mejor pacto. Morena no ha cumplido su promesa de transformación debido a su opacidad e ineficacia contra la violencia, pero un contrato ideal —inclusivo, transparente y recíproco— es posible. Sus beneficios, desde el crecimiento económico hasta la cohesión social, son enormes, pero una implementación fallida podría agravar el cinismo y la fragmentación. El desafío es colectivo: exigir y construir un México donde el contrato social sea una realidad, no solo una promesa.

Fuentes

• INEGI (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
• INEGI (2015). Contribución del sector informal al PIB.
• CEPAL (2023). Panorama Social de América Latina.
• Auditoría Superior de la Federación (2023). Informe sobre Dos Bocas.
• Transparency International (2023). Corruption Perceptions Index.
• BBC News (2024). Protestas por Ayotzinapa y reformas judiciales.
• FMI (2023). Proyecciones económicas para México.
• Rousseau, J.J. (1762). El Contrato Social.