Medicamentos en México: Un Juego de Acceso, Exclusión y Desigualdad Económica

El acceso a medicamentos es un pilar fundamental del derecho a la salud, pero en México, este derecho se ve comprometido por un sistema de distribución ineficiente, políticas públicas improvisadas y un mercado dominado por intereses económicos que perpetúan el rezago y la exclusión médica. Mientras algunos medicamentos esenciales están disponibles en otros países pero no en México, y viceversa, la población enfrenta barreras económicas y logísticas que agravan las desigualdades en el acceso a la salud. Este artículo analiza críticamente estas dinámicas, con un enfoque en el rol de los distribuidores y las consecuencias económicas y sociales de un sistema disfuncional.

Medicamentos Disponibles en Otros Países, pero No en México

En el ámbito global, México enfrenta un rezago significativo en la disponibilidad de ciertos medicamentos, particularmente los de alta especialidad, como los oncológicos, los destinados a enfermedades raras (medicamentos huérfanos) y los biocomparables de última generación. Por ejemplo, tratamientos innovadores para el cáncer, como las terapias dirigidas o inmunoterapias, están ampliamente disponibles en países como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, pero en México su acceso es limitado debido a barreras regulatorias, costos prohibitivos y problemas de distribución. Según la Organización Panamericana de la Salud, la falta de políticas integrales para garantizar el acceso a medicamentos esenciales y la dependencia de importaciones de países como China e India, donde se producen la mayoría de los principios activos, agravan este problema.

La regulación en México, a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha sido criticada por su lentitud y opacidad en la aprobación de nuevos fármacos. Mientras que en otros países se implementan excepciones como la «excepción Bolar» para acelerar la entrada de genéricos al mercado, en México los procesos burocráticos retrasan la disponibilidad de medicamentos esenciales. Esto no solo limita el acceso a tratamientos innovadores, sino que también perpetúa la dependencia de medicamentos patentados, cuyos precios son dictados por grandes farmacéuticas transnacionales, dejando a los pacientes mexicanos en una posición vulnerable.

Por otro lado, la descontinuación de medicamentos poco rentables por parte de las farmacéuticas es una práctica común en el mercado global. En México, esto se traduce en desabasto de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, como los antirretrovirales para el VIH o los tratamientos para la diabetes, que en otros países son más accesibles debido a políticas de producción local o importaciones paralelas. La falta de una política farmacéutica integral que fomente la producción nacional y regule los precios agrava esta exclusión, afectando especialmente a las poblaciones de bajos ingresos.

Medicamentos Disponibles en México, pero No en Otros Países

Sorprendentemente, México produce ciertos medicamentos genéricos y biocomparables que no siempre están disponibles en otros países, particularmente en mercados desarrollados. Por ejemplo, la amoxicilina y la levotiroxina, esenciales para tratar infecciones bacterianas e hipotiroidismo, tienen precios competitivos en México, con costos hasta 172% más bajos que en Estados Unidos. Sin embargo, esta ventaja no se traduce en un acceso universal dentro del país. La falta de infraestructura en el sistema de salud público y la incapacidad de los distribuidores para cubrir todo el territorio nacional limitan la disponibilidad de estos medicamentos en comunidades rurales y marginadas.

Además, México ha avanzado en la producción de medicamentos genéricos intercambiables, promovidos por reformas a la Ley General de Salud en 1995. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para contrarrestar el desabasto crónico en el sector público, donde la falta de planeación en las compras consolidadas y la exclusión de distribuidores especializados han generado cuellos de botella logísticos. Mientras que en otros países las cadenas de suministro están más integradas y diversificadas, en México la dependencia de un número limitado de distribuidores y la improvisación en las licitaciones públicas han resultado en una distribución ineficiente.

El Rol de los Distribuidores: Entre la Corrupción y la Necesidad

Los distribuidores de medicamentos en México han sido un punto de controversia. Durante años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a las grandes empresas distribuidoras de prácticas monopólicas y corrupción, señalando que tres o cuatro empresas controlaban el 70% de las compras gubernamentales, equivalentes a 70,000 millones de pesos. En respuesta, en 2019 se vetó a los principales distribuidores y se intentó eliminar intermediarios mediante compras directas a fabricantes, muchas veces en el extranjero, a través de organismos como la UNOPS. Sin embargo, esta estrategia resultó desastrosa: la UNOPS, sin experiencia en compras masivas de medicamentos, no pudo adquirir más de la mitad de los insumos requeridos, y la empresa paraestatal Birmex, encargada de la distribución, carecía de la infraestructura necesaria para cumplir con la demanda.

En 2023, el gobierno dio un giro y permitió nuevamente la participación de distribuidores en las licitaciones públicas, reconociendo implícitamente su importancia en la logística de distribución. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la capacidad instalada de los nuevos operadores logísticos es insuficiente, moviendo apenas 30 millones de piezas mensuales frente a una demanda de 140-150 millones. Esta incapacidad logística ha exacerbado el desabasto, dejando a los pacientes de hospitales públicos sin tratamientos esenciales y obligándolos a recurrir al mercado privado, donde los costos son prohibitivos.

El modelo de distribución en México oscila entre un sistema público ineficiente, un modelo subrogado donde empresas privadas entregan medicamentos directamente a farmacias o centros médicos, y un modelo híbrido que combina ambos enfoques pero carece de supervisión adecuada. La falta de planeación y la supervisión limitada han permitido el incumplimiento de contratos por parte de distribuidores, generando pérdidas económicas y fallas en el surtimiento de recetas. Además, la proliferación de distribuidores sin experiencia, incluidas personas físicas, ha incrementado el riesgo de introducir medicamentos de baja calidad o falsificados al mercado.

Rezago y Exclusión Médica: El Costo Humano y Económico

El impacto económico de estas fallas es devastador. México es el país de la OCDE con el mayor gasto de bolsillo en salud, con el 41% del gasto total financiado directamente por los pacientes. De este monto, seis de cada diez pesos se destinan a medicamentos, ya que 50.4 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud públicos o enfrentan desabasto en el sistema. Entre 2018 y 2022, la población sin acceso a servicios médicos pasó de 20.1 millones a 50.4 millones, un aumento alarmante del 16.2% al 39.1%. Este rezago médico obliga a los pacientes a recurrir a consultorios privados o a la automedicación, lo que incrementa significativamente los costos para las familias mexicanas. El precio promedio de una consulta de medicina familiar en el sector privado es de 631 pesos, mientras que una consulta con un especialista puede superar los 1,000 pesos, sin incluir el costo de los medicamentos, que varía según la condición médica.

El desabasto en el sector público, exacerbado por la ineficiencia en la distribución y la falta de planeación en las compras consolidadas, ha llevado a una crisis de salud pública que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, el informe de Cero Desabasto registró 4,504 reportes de falta de medicamentos en instituciones públicas entre febrero de 2019 y abril de 2021, con la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chihuahua como las entidades más afectadas. Esta situación no solo compromete la salud de los pacientes, sino que también perpetúa la desigualdad, ya que quienes no pueden costear tratamientos privados quedan excluidos del acceso a la atención médica adecuada.

La exclusión médica tiene consecuencias económicas a largo plazo. La cronicidad de enfermedades no tratadas, como la diabetes o el cáncer, genera costos sostenidos para los pacientes y el sistema de salud, además de reducir la productividad laboral y aumentar la mortalidad. La falta de acceso a medicamentos esenciales también contribuye a la resistencia antimicrobiana, un problema global que surge del uso irracional de medicamentos debido a la automedicación y la falta de supervisión médica adecuada. En este contexto, la ausencia de una política farmacéutica integral, que coordine esfuerzos entre el gobierno, la industria y la academia, agrava el rezago y perpetúa un ciclo de ineficiencia y exclusión.

Una Crítica al Sistema: Monopolios, Improvisación y Falta de Transparencia

El sistema de distribución de medicamentos en México es un reflejo de problemas estructurales más profundos: la concentración del mercado en unas pocas empresas, la improvisación en las políticas públicas y la falta de transparencia en los procesos de compra. La decisión del gobierno de López Obrador de eliminar a los distribuidores tradicionales en 2019, bajo la premisa de combatir la corrupción, ignoró la complejidad de la logística farmacéutica y subestimó la capacidad de las empresas para manejar grandes volúmenes de medicamentos. La posterior delegación de compras a la UNOPS y a Birmex demostró ser un experimento fallido, con licitaciones desiertas, adjudicaciones directas poco transparentes y una incapacidad para satisfacer la demanda nacional.

Además, las grandes farmacéuticas transnacionales ejercen un poder monopólico que limita el acceso a medicamentos innovadores y mantiene precios elevados, especialmente para aquellos bajo patente. La falta de un marco regulatorio que fomente la competencia y la producción local de genéricos agrava esta situación. Aunque México ha intentado promover los medicamentos genéricos, la desregulación de precios y la descentralización de las compras públicas han permitido que las grandes empresas dicten las condiciones del mercado, dejando a los pacientes en una posición de desventaja.

La reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 2020, que permitió compras internacionales sin controles de calidad estrictos, abrió la puerta a riesgos adicionales, como la introducción de medicamentos de baja calidad o falsificados. Este enfoque, lejos de resolver el problema del desabasto, ha generado incertidumbre en la industria farmacéutica mexicana, que emplea a 650,000 personas y representa un sector clave para la economía nacional. La falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, junto con la debilidad de Cofepris como regulador, ha impedido el desarrollo de una industria farmacéutica local robusta que pueda competir a nivel global.

Propuestas para un Cambio Estructural

Para abordar el rezago y la exclusión médica, México necesita una política farmacéutica integral que priorice el acceso equitativo a medicamentos seguros, efectivos y asequibles. Entre las medidas necesarias se encuentran:

1. Fortalecer a Cofepris: Transformar a Cofepris en un organismo de vigilancia eficiente, con procesos transparentes y ágiles para la aprobación de nuevos medicamentos, incluyendo genéricos y biocomparables.
2. Diversificar la cadena de suministro: Fomentar la participación de más distribuidores en las licitaciones públicas, con supervisión estricta para evitar prácticas monopólicas y garantizar la calidad de los medicamentos.
3. Promover la producción local: Invertir en la industria farmacéutica mexicana para reducir la dependencia de importaciones y garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales.
4. Coordinación intersectorial: Establecer un diálogo estructurado entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil para diseñar políticas que equilibren la innovación, la accesibilidad y la competitividad.
5. Educación y uso racional: Reforzar la capacitación de médicos en farmacoeconomía y promover el uso racional de medicamentos para reducir la automedicación y la resistencia antimicrobiana.

Conclusión

El acceso a medicamentos en México es un derecho humano que se ve obstaculizado por un sistema de distribución disfuncional, políticas improvisadas y un mercado dominado por intereses económicos. La falta de medicamentos esenciales en el sector público, combinada con los altos costos en el sector privado, perpetúa un ciclo de exclusión médica que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. El rol de los distribuidores, aunque necesario, ha sido mal gestionado, y la ausencia de una visión estratégica ha generado un rezago que tiene un costo humano y económico incalculable. México tiene la oportunidad de transformar su sistema de salud mediante políticas integrales que prioricen a los pacientes sobre los intereses corporativos, pero esto requiere voluntad política, transparencia y un compromiso real con la equidad.

Fuentes

1. Organización Panamericana de la Salud – Acceso a medicamentos esenciales
2. Cero Desabasto – Informe sobre desabasto de medicamentos en México
3. El Economista – Crisis de medicamentos en México
4. Animal Político – Desabasto de medicamentos en el sector público
5. Forbes México – La industria farmacéutica en México
6. Secretaría de Salud – Reforma a la Ley de Adquisiciones 2020
7. Cofepris – Proceso de autorización de medicamentos
8. Expansión – El impacto económico del desabasto de medicamentos