La factura se pagó en salud, y la pagó quien no tiene patrón

Hasta aquí esta serie ha hablado de categorías: democracia liberal, democracia electoral, contrapesos, límites al poder. Son palabras que se defienden solas entre quienes ya están convencidos y no le mueven nada a nadie más. La pregunta honesta —la que haría cualquiera que lea esto sin estar de acuerdo de antemano— es si el deterioro institucional tiene una factura que se pueda leer sin diccionario.

La tiene. Y la parte más cara no está donde la buscaríamos.

Veinticuatro millones

El INEGI mide una cosa llamada carencia por acceso a los servicios de salud. No mide si te atendieron bien, ni cuánto esperaste, ni si había medicinas: mide algo mucho más elemental, que es si estás afiliado, inscrito o tienes derecho a recibir servicios en alguna institución, pública o privada.^[1] Es el piso. Es la pregunta de si el sistema sabe que existes.

En 2018, 20.1 millones de personas no tenían ese piso. En 2024 eran 44.5 millones.^[2] Veinticuatro millones de personas más, en seis años, en un país cuya población creció en ese periodo una fracción de esa cifra.

Antes de seguir hay que poner las dos advertencias que cambian cómo se lee ese número, porque sin ellas la cifra dice más de lo que puede.

La primera es que el pico ya pasó y la corrección es real. La carencia llegó a su punto más alto en 2022, con 39.1% de la población, y en 2024 bajó a 34.2% —casi cinco puntos menos, 5.9 millones de personas que volvieron a estar afiliadas—.^[3] Se redujo en 27 de las 32 entidades, y donde más cayó fue donde peor estaba: Oaxaca pasó de 65.7 a 43.9%, Guerrero de 52.7 a 38.9%.^[4] Quien quiera sostener que esto va de mal en peor tiene al dato en contra, y hay que decirlo en la misma frase que el número grande: la línea ya se dobló hacia abajo.

La segunda es que la suma de 2018 es mía. El INEGI publica ese año desagregado en urbano (15.9 millones) y rural (4.2 millones); el 20.1 lo sumé yo.^[2] Los totales de 2022 y 2024 sí los publica la fuente.

Con las dos advertencias puestas, el saldo sigue en pie y es el siguiente: después de la mayor corrección de la serie, en 2024 había más del doble de personas sin cobertura que en 2018. La curva bajó; no volvió.

La anatomía: a quien tiene patrón no le quitaron nada

Aquí es donde el dato deja de ser una queja y se vuelve un diagnóstico, porque el INEGI publica la carencia partida en dos poblaciones, y las dos mitades cuentan historias opuestas.^[5]

La población ocupada sin acceso directo a servicios de salud —gente que trabaja pero cuyo empleo no le da la prestación— era de 37.4 millones en 2018 y de 38.1 millones en 2024.^[5] Setecientos mil más en seis años —la resta es mía; la fuente publica los niveles—, un movimiento que en una población de esa escala es prácticamente ruido.

La población no ocupada sin acceso —los que no están en el mercado laboral: menores de 16 años, jubilados, quien cuida la casa, quien busca empleo y no lo encuentra— era de 9.6 millones en 2018. En 2024 era de 22.3 millones.^[5] Dos punto tres veces más —el múltiplo también es mío—, y ahí no hay nada que se parezca al ruido.

Vale la pena detenerse en el tramo donde ocurrió: entre 2018 y 2020, esa población creció 94.9% en dos años.^[5] Casi se duplicó de un levantamiento al siguiente.

La lectura es incómoda por lo limpia que es. El daño no lo absorbió el mercado de trabajo: lo absorbió el sistema no contributivo, el que cubre precisamente a quien no tiene un patrón que lo afilie. Si el problema hubiera sido económico —crisis, informalidad, desempleo— la mitad ocupada tendría que haberse movido. No se movió. Se movió la otra, la que depende enteramente de que el Estado tenga una institución funcionando que la inscriba.

Y en el campo eso se ve sin necesidad de interpretación. En 2018, 13.7% de la población rural tenía esta carencia. En 2022 era 54.8%. En 2024, tras la corrección, seguía en 48.7%.^[6] El México rural pasó de uno de cada siete a uno de cada dos, y ahí sigue.

Tres arquitecturas en cuarenta y dos meses

La pregunta que sigue es qué le pasó a esa institución. La respuesta está fechada en el Diario Oficial y no requiere atribuirle intenciones a nadie.

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el decreto que desapareció el Seguro Popular y creó en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, con entrada en vigor el 1 de enero de 2020.^[7] El 31 de agosto de 2022 se publicó el decreto que creó el organismo IMSS-Bienestar.^[8] El 29 de mayo de 2023 se publicó el decreto que extinguió el INSABI y trasladó sus funciones, su personal y su presupuesto a ese IMSS-Bienestar.^[9]

Tres arquitecturas distintas para el mismo problema en cuarenta y dos meses. El organismo que debía inscribir a la población no contributiva fue creado y extinguido dentro del mismo sexenio que lo creó.

Esto es exactamente lo que la primera entrega de esta serie llamó reversibilidad invertida: las políticas son hiperreversibles y el poder no. Se puede desmontar un sistema de afiliación de decenas de millones de personas con un decreto y rehacerlo con otro decreto tres años después, sin que ninguna instancia obligue a demostrar antes que el reemplazo funciona. Los contrapesos que la entrega anterior contaba en un índice —un legislativo que investiga, tribunales que revisan, una ley que se aplica pareja— sirven, en la práctica, para eso: para que rehacer una institución cueste trabajo. Donde no cuestan trabajo, la factura la paga quien dependía de ella.

Y aquí conviene decir lo que este dato no prueba, porque la tentación de estirarlo es fuerte. No prueba que la atención empeorara: son cosas distintas y ésta no las mide. No prueba que alguien lo haya hecho a propósito. Y 2020 trae una pandemia encima, que descuadra cualquier comparación de ese año. Lo que sí prueba, con la serie completa a la vista, es que la población que perdió cobertura fue la que dependía del sistema que se rehizo tres veces.

Por qué no hay con qué

Queda el renglón fiscal, y hay que ponerlo con el mismo cuidado, porque también corre en dos direcciones.

En 2023, la recaudación tributaria de México fue de 17.7% del PIB. El promedio de América Latina y el Caribe fue de 21.3%, y el de la OCDE, de 33.9%.^[10] Recaudamos poco más de la mitad de lo que recauda el club al que pertenecemos.

Lo que corre en contra de la lectura fácil es que ese 17.7% es el máximo de México desde el año 2000 —el ratio subió 6.8 puntos en ese periodo, desde 10.9%, y 2023 fue su punto más alto—.^[10] No estamos ante un gobierno que recaude menos que sus antecesores: es el que más ha recaudado en dos décadas. Ése es el punto, y por eso importa. Ni siquiera recaudando como nunca alcanza para sostener un sistema de cobertura universal, porque el problema no es el esfuerzo del año: es un piso estructural que ningún sexenio ha movido de fondo, y que ninguno ha querido pagar el costo político de mover.

El tercer renglón es la formación de capital. La inversión fija bruta del país encadenó doce meses consecutivos de caída anual durante todo 2025, con su peor lectura en abril de ese año (−13.2%), y apenas volvió a terreno positivo en la primavera de 2026.^[11] No hace falta pronosticar nada con eso —ni conviene—: basta con leerlo como lo que es, el registro de un año completo en el que la base que financiaría cualquier ampliación futura del gasto se contrajo.

La factura, sumada

Puesta en orden, la factura de estos años se lee así. Veinticuatro millones de personas más sin el piso de la cobertura, con una corrección real de casi cinco puntos que no alcanzó a devolver ni la mitad del terreno. El daño concentrado casi por completo en quien no tiene un empleo que lo afilie, y la mitad del campo todavía fuera. Una institución creada y extinguida dentro del mismo sexenio. Y un aparato fiscal que recauda a su máximo histórico y aun así a la mitad del promedio del club al que pertenece.

Ninguno de esos cuatro renglones es una opinión. Los cuatro salen de fuentes públicas y los cuatro se pueden verificar en una tarde.

Y todos comparten una cosa: quien los pagó no fue quien tomó la decisión.

Cómo se midió esto

Ficha técnica, para quien quiera pelear las cifras.

La carencia por acceso a servicios de salud se mide con la ENIGH, una encuesta en hogares, y mide afiliación o derecho declarado —no atención efectiva, ni calidad, ni surtido de medicamentos—; alguien puede estar afiliado y no haber recibido consulta, y alguien puede atenderse sin estar inscrito. La serie 2016-2024 usa el mismo esquema conceptual, pero la edición 2024 de la encuesta actualizó preguntas sociodemográficas y clasificadores, así que la comparación estricta entre puntas tiene esa costura; el propio instituto la declara.^[12] El total de 2018 (20.1 millones) es suma mía de las cifras urbana y rural que publica la fuente, no un dato publicado; los de 2022 y 2024 sí lo son. La partición entre población ocupada y no ocupada es del propio INEGI, y la segunda incluye a los menores de 16 años, de modo que una parte de su crecimiento sigue a la demografía y no a la política —lo que no explica una duplicación—. De las 27 entidades donde la carencia se redujo entre 2022 y 2024, el instituto marca como estadísticamente significativas solo una parte, y ese matiz vale para la corrección, no para el salto de 2018-2022, que es de otro orden de magnitud. La cifra fiscal es de 2023, la última comparable que publica la OCDE en esta edición, y excluye los ingresos no tributarios de Pemex y CFE —una exclusión metodológica que la propia autoridad fiscal mexicana ha objetado, y que de incluirse subiría el dato de México sin acercarlo al promedio del que se habla—. La inversión fija bruta es la variación anual de la serie original del INEGI, sin desestacionalizar y sin separar pública de privada: es el agregado.

Referencias

Salvo donde se indique otra cosa, las cifras de salud provienen de: INEGI, Medición de la pobreza multidimensional, 2024, Comunicado de prensa 118/25 y Reporte de resultados 27/25, 13 de agosto de 2025, con datos de la ENIGH 2024 y aplicando la metodología del Coneval. Comunicado · Reporte de resultados.

1. Definición del indicador: población que no está afiliada, inscrita o no tiene derecho a recibir servicios de salud en alguna institución pública o privada. Reporte de resultados 27/25, apartado de carencias sociales.
2. Cuadro 4, «Carencia por acceso a los servicios de salud, según ámbito, 2016-2024». Millones de personas: 2016, urbano 15.1 y rural 3.7; 2018, urbano 15.9 y rural 4.2; 2020, urbano 26.7 y rural 8.9; 2022, urbano 33.0 y rural 17.4; 2024, urbano 30.6 y rural 13.9. El total de 2018 (20.1 millones) es la suma de sus dos componentes, hecha por quien escribe; el de 2024 (44.5 millones) lo publica el comunicado.
3. Comunicado 118/25: «Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional disminuyó de 39.1 a 34.2 por ciento», con 44.5 millones de personas en 2024 y una reducción equivalente a 5.9 millones de personas afiliadas.
4. Comunicado 118/25: la carencia se redujo en 27 entidades federativas —de las cuales el instituto señala en nota al pie cuántas reducciones son estadísticamente significativas—; mayores caídas en Oaxaca (65.7 a 43.9 %), Guerrero (52.7 a 38.9 %) y Tabasco (44.8 a 35.1 %). Aumentó en cinco, encabezadas por Baja California Sur (17.3 a 19.6 %) y Colima (21.9 a 24.0 %).
5. Cuadro 5, «Carencia por acceso a los servicios de salud, según componentes, 2016-2024» (millones de personas y tasa de crecimiento). Población ocupada sin acceso directo: 35.6 (2016), 37.4 (2018), 37.0 (2020), 38.9 (2022), 38.1 (2024). Población no ocupada sin acceso: 9.1, 9.6, 18.7, 25.9, 22.3. Tasa de crecimiento de la no ocupada, 2018-2020: 94.9 %. El propio reporte resume el periodo completo: de 2016 a 2024 la primera bajó 4.0 puntos porcentuales y la segunda subió 19.3.
6. Cuadro 4, columna de porcentaje del ámbito rural: 13.2 % (2016), 13.7 % (2018), 30.5 % (2020), 54.8 % (2022), 48.7 % (2024).
7. Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, que desaparece el Seguro Popular y crea el Instituto de Salud para el Bienestar, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2019, con entrada en vigor el 1 de enero de 2020: Cámara de Diputados.
8. Decreto de creación del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), publicado en el DOF el 31 de agosto de 2022.
9. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, que extingue el INSABI y traslada sus funciones a IMSS-Bienestar; publicado en el DOF el 29 de mayo de 2023, en vigor el 30 de mayo: DOF y Cámara de Diputados.
10. OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025: México, nota de país, mayo de 2025, con datos de 2023: recaudación tributaria de México 17.7 % del PIB, promedio de ALC 21.3 %, promedio de la OCDE 33.9 %. La misma nota registra que el ratio pasó de 10.9 % en 2000 a 17.7 % en 2023 —un aumento de 6.8 puntos— y que 2023 es el nivel más alto de México desde 2000. Nota de país. Sobre la exclusión de los ingresos no tributarios de Pemex y CFE del cálculo de la OCDE, y la objeción del SAT: Forbes México.
11. INEGI, Banco de Información Económica, serie 741040, «Formación bruta de capital fijo, base 2018 — series originales, variación anual, total». Los doce meses de 2025 registraron variación anual negativa, de −0.2 % (diciembre) a −13.2 % (abril); la serie vuelve a positivo en abril de 2026 (6.0 %) y mayo de 2026 (1.2 %). Consultada en vivo el 24 de agosto de 2026.
12. Reporte de resultados 27/25: la ENIGH 2024 se generó bajo el mismo esquema conceptual y estadístico de las ediciones 2016, 2018, 2020 y 2022, y en la versión 2024 se actualizaron las preguntas sobre algunas variables sociodemográficas y el uso de clasificadores relacionados con la construcción de los componentes y umbrales de la medición.