México, el liberalismo herido y la espera inútil

Esta semana, el segundo hijo del expresidente López Obrador anunció que Estados Unidos le canceló la visa. Lo hizo con una carta a Donald Trump, fechada el 13 de agosto en Teapa —el municipio del distrito que pretende representar en 2027—, en la que califica la decisión de acto politiquero y propagandístico "al estilo hitleriano". Al día siguiente, el subsecretario de Estado que se autodenomina "el quitavisas" respondió con una imagen de palomitas y la promesa de que a la audiencia le va a encantar la siguiente parte del show. El dirigente nacional del PRI resolvió el asunto llamándolo "narcojunior".^[1]

Nadie en esa escena queda bien parado, y conviene decir por qué cada uno queda mal.

El personaje no genera ninguna simpatía y no hace falta inventarle nada: está documentado que reservó la información de sus vacaciones en Japón, que más de noventa de sus ciento cuarenta y cuatro viajes entre 2024 y 2026 corrieron a cargo del partido cuando era secretario de organización, y que hoy hace giras y reparte despensas meses antes de que la ley permita precampañas.^[2] Es el emblema de una clase política que se comporta como propietaria del erario. Y con todo eso encima y documentado, no se conoce públicamente ninguna imputación ni vinculación a proceso en su contra.^[3]

Y ahí está el problema, que no es el suyo.

Se dirá —y es cierto— que nadie tiene derecho a entrar a otro país, que una visa es un permiso y no un derecho, y que ninguna cancillería del mundo motiva sus negativas, la mexicana incluida. De acuerdo. El problema no es que Washington pueda hacerlo: es que aquí lo estemos celebrando como si fuera justicia, cuando por definición no puede serlo. Un gobierno extranjero decidió sobre un ciudadano mexicano con criterios que la ley estadounidense permite mantener en secreto, sin cargos, sin expediente y sin procedimiento en el que nadie pueda ni acusar formalmente ni defenderse. Puede que la decisión esté perfectamente fundada; no hay forma de saberlo, y ése es precisamente el punto. Si uno cree en el liberalismo político y no en su versión de camiseta, no puede celebrar un castigo cuyo sustento no se puede examinar, ni cuando el castigado le cae mal. Ahí se distingue una convicción de una consigna.

Pero el escándalo verdadero es otro, y no está en Washington: es que la única consecuencia que ha tenido este señor en dos años provino de un consulado extranjero y no de la Fiscalía General de la República. No es que Estados Unidos se esté metiendo donde no debe. Es que el Estado mexicano renunció a hacer su parte, y ahora la oposición aplaude que alguien más la haga mal. Eso no es soberanía perdida por injerencia: es soberanía regalada por omisión.

El liberalismo no es una ideología: es un mecanismo

Conviene decir qué es, porque la palabra ya casi no se puede usar sin que se lea como filiación. El liberalismo político no es un partido, no es un programa económico y no es la derecha. Es una tecnología de corrección de errores: instituciones que limitan a quien manda, información que circula, tribunales que no dependen del poder, y libertad para decir que algo salió mal sin pagarlo caro.

Su ventaja no es la sabiduría. Nadie sabe de antemano qué política va a fallar. Su ventaja es la reversibilidad: cuando una decisión sale mal, se puede deshacer sin romper el país.

Y aquí está la paradoja mexicana, que es más específica y más interesante que el diagnóstico global. En México la reversibilidad funciona al revés: las políticas son hiperreversibles y el poder no lo es. Cada sexenio puede demoler la arquitectura del anterior, y lo hace; lo que el ciudadano no puede es corregir a quien manda hoy. Se puede deshacer todo, menos lo que está en curso.

El ejemplo perfecto está en educación. La reforma de 2013 creó el INEE para evaluar. En 2019 se eliminó el INEE y se creó MEJOREDU. En diciembre de 2024 se extinguió MEJOREDU y sus funciones pasaron a la SEP.^[4] Tres diseños institucionales para la misma tarea en once años, ninguno con tiempo suficiente para producir una serie comparable. No es que México no cambie: es que cambia demasiado y nada se acumula.

El dato global, que es peor de lo que se cree

El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó en marzo su informe anual con datos al cierre de 2025. Hay 92 autocracias y 87 democracias en el mundo: segundo año consecutivo en que las primeras superan a las segundas. Para el ciudadano promedio del planeta, el nivel de democracia retrocedió a 1978 y los avances de la tercera ola están prácticamente borrados. El 74% de la humanidad vive bajo algún régimen autocrático, contra 50% en 2005. Sólo 7% vive en democracias liberales, contra 17% hace veinte años. Y 41% de la población mundial habita países en proceso activo de autocratización, contra 9% en 2005.^[5]

Lo interesante no está en el sur global. Entre los diez países que V-Dem agregó este año a la lista de los que se autocratizan están Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, el Reino Unido y Estados Unidos, que por primera vez en más de medio siglo dejó de ser clasificado como democracia liberal. Europa Occidental y América del Norte están en su nivel democrático más bajo en cincuenta años. La libertad de expresión fue el derecho más deteriorado: empeoró en 44 países en un solo año.

Ahí está la respuesta a la espera. La oposición mexicana aguarda que Washington corrija a México mientras Washington atraviesa su propio episodio de autocratización, medido con la misma metodología y por los mismos medidores que se citan cuando el resultado conviene. La caballería no va a llegar tarde: está en otro pleito, y no del lado que se supone.

Los cuatro números del gobierno, y por qué no alcanzan

Cualquier crítica que explique el apoyo al gobierno sólo por clientelismo y propaganda está describiendo a un electorado tonto. Los electorados rara vez lo son. Pero reconocer sus números no obliga a aceptar su lectura, y aquí es donde el debate público mexicano es más flojo: se discute si las cifras son ciertas, cuando lo que hay que discutir es de quién son.

Uno. El salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 en 2026^[6]: un alza nominal de 257% que, descontada una inflación acumulada de 41%, deja 153% de aumento real entre diciembre de 2018 y julio de 2026, después de casi dos décadas de estancamiento.^[7] Es el logro más sólido del sexenio anterior y el más citado. Pero un piso salarial se levanta por decreto y una productividad no: en el mismo periodo, el salario promedio de cotización del IMSS —lo que de verdad gana el trabajador formal promedio— pasó de 354.35 a 673.92 pesos diarios, apenas 35% de aumento real.^[8] Y ese promedio es, en rigor, el agregado equivocado: el piso legal empuja la base de la distribución y el promedio se la traga. La pregunta que decide el asunto es otra —si subió el salario de los deciles medios y altos del empleo formal, ahí donde el mínimo no alcanza a tocar—, y es justo la que nadie está haciendo. La mejoría se concentró donde el Estado puede legislar y no donde tendría que haber inversión. Un piso que sube por decreto y no por productividad depende de que haya margen entre el salario legal y el que las empresas ya pagaban. Ese margen no es infinito, y nadie ha medido cuánto queda.

Dos. La pobreza multidimensional bajó de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024: de 51.9 a 38.5 millones de personas.^[9] Es una caída real y enorme. Dos observaciones, ninguna menor. La primera: el propio CONEVAL calculaba el contrafactual y en 2022 estimó que sin transferencias la pobreza habría sido 39.0% en lugar de 36.3%.^[10] Los programas explican una parte; el resto lo explican el ingreso laboral y las remesas, que son resultado de mercado y no de política social. La segunda es más grave y casi nadie la menciona: el CONEVAL fue extinguido por decreto en junio de 2025 y sus funciones se transfirieron al INEGI, que publicó esta medición dos meses después con una metodología que ahora se establece en coordinación con la Secretaría de Bienestar.^[11] El evaluador autónomo que había documentado que los programas de la 4T no estaban bien focalizados desapareció justo antes de calificar al sexenio. La cifra que acabo de conceder ya no tiene quien la audite desde fuera.

Tres. La pobreza extrema pasó de 8.7 millones de personas en 2018 a 7.0 millones en 2024.^[9] Y sin embargo el número promedio de carencias de esa población se mantuvo en 3.8: la salida se concentró en quienes ya estaban cerca del umbral, y el núcleo duro —tres o más carencias simultáneas— sigue casi del mismo tamaño.

Cuatro. Los homicidios van a la baja. La tasa cayó de 25.8 por cada cien mil habitantes en 2024 a 21.4 en 2025 —la más baja desde 2018— en las estadísticas de defunciones registradas del INEGI, que son la fuente dura y no las carpetas de investigación.^[12] Hay que decirlo con claridad, porque la oposición insiste en negarlo y pierde credibilidad al hacerlo. Dicho eso: la magnitud está en disputa hasta en las cifras del propio gobierno, que ha citado caídas de 48% y de 60% con bases temporales distintas, mientras la caída de la propia tasa entre 2024 y 2025 es de 17%. La extorsión y las desapariciones no siguen esa trayectoria, la ENVIPE estima que 93.2% de los delitos no se denuncia o no llega a carpeta, y el Índice de Paz advierte que la mejoría es frágil porque la fragmentación de las estructuras criminales multiplica a los actores.^[13] Bajan los homicidios y no baja la impunidad: son cosas distintas.

La factura, que no llega a la quincena

La salud. La carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2% de la población en 2018 a 39.1% en 2022 y 34.2% en 2024: de 20.1 a 44.5 millones de personas.^[14] Se dirá que fue la pandemia. Sólo en parte: más de la mitad del deterioro ya estaba consumado en 2020 —de 16.2% a 28.2%, doce de los veintitrés puntos— y el propio CONEVAL lo atribuyó principalmente a la caída de población adscrita al INSABI, es decir, al desmantelamiento del Seguro Popular. Fue una decisión de política, tomada, ejecutada y defendida. Veinticuatro millones de personas perdieron su vínculo con una institución de salud en el mismo periodo en que trece millones salieron de la pobreza, y las dos cifras vienen de la misma encuesta.

La inversión. La inversión privada representó 17.9% del PIB en el primer trimestre de 2026, su menor proporción desde el tercer trimestre de 2020, con seis trimestres consecutivos de caída. La total quedó en 21.2% del PIB contra 23.3% dos años antes, y contra la meta de 25% que el propio Plan México fijó para este año.^[15] Se dirá que es el entorno externo: aranceles, tasas, el ciclo estadounidense. Dos datos lo acotan. En 2023 la inversión fija bruta creció 19.7%, pero buena parte de ese salto fue obra pública: la ventana externa se abrió y lo que entró por ella fue presupuesto, no plantas. Y ese mismo gasto se derrumbó después, con la construcción pública contrayéndose 28.9% en 2025: el gobierno no puede culpar a Washington de su propio presupuesto.^[16]

La capacidad del Estado. México recauda alrededor de 18.3% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE y de pares como Chile, Colombia o Costa Rica.^[17] Un Estado que reparte más de lo que puede sostener no es fuerte: es un Estado que aplazó una decisión y le pasó la cuenta al sexenio siguiente.

Sumados, los tres bloques describen una operación contable, no una acusación moral: se transfirió ingreso presente y se descapitalizó la maquinaria que lo produce. Eso se audita. "Régimen autoritario" no.

No es la dictadura. Es el árbitro

Aquí hay que ser preciso, porque es donde el argumento liberal suele desbarrancarse. México vota, y vota mucho. Las elecciones federales son competitivas, la participación es alta y los resultados se reconocen. Quien diga que esto es una dictadura pierde la discusión en el primer minuto, y con razón.

Lo que cambió es la capacidad de deshacer. En diciembre de 2024, una reforma constitucional aprobada con 332 votos a favor y 119 en contra ordenó extinguir siete órganos autónomos —INAI, COFECE, IFT, CONEVAL, CRE, CNH y MEJOREDU—, y los decretos que la ejecutaron salieron a lo largo de 2025; el del CONEVAL, en junio. Sus funciones pasaron a dependencias del Ejecutivo, salvo las del CONEVAL, que fueron al INEGI: autónomo, sí, pero con una metodología que ahora se fija en coordinación con la Secretaría de Bienestar.^[18] En una sola votación desaparecieron el árbitro de la competencia económica, el de las telecomunicaciones, el de la transparencia, el de la energía y el que medía la pobreza. No es un detalle que casi todos hubieran nacido de las reformas de 2013: los contrapesos que se construyeron negociando entre partidos se demolieron con mayoría propia.

Y el Poder Judicial electo. El argumento del gobierno es que fue el pueblo quien lo eligió. Fue el 13% del pueblo: la participación en la elección judicial del 1 de junio de 2025 quedó entre 12.57% y 13.32% de la lista nominal, unos trece millones de votos, contra 61% en la presidencial de 2024. El ministro más votado del país llegó al cargo con seis millones de votos, y el INE tuvo que investigar la circulación de "acordeones" —listas que indicaban por quién votar— durante la jornada.^[19] Una reforma aprobada con mayoría legislativa y ejecutada con la participación más baja de la historia moderna del país puede defenderse por muchas razones; por el mandato popular, no.

El mismo informe de V-Dem coloca a México en el lugar 110 de 179 países en su índice de democracia liberal, con calificación de 0.22, en una "zona gris" donde la frontera entre democracia y autocracia no es nítida, y lo identifica en un episodio activo de autocratización.^[20] Tómese por lo que es: un termómetro, no un veredicto. V-Dem reconoce márgenes de incertidumbre en los casos de zona gris y su metodología ha sido cuestionada, entre otros por los gobiernos de Estados Unidos y de la India, que también salieron mal calificados. Pero un termómetro que marca lo mismo tres años seguidos merece una explicación mejor que "es injerencia".

En este arreglo el ciudadano conserva el derecho a elegir y pierde el derecho a corregir.

El cambio que nadie puede nombrar

Hay una razón por la que el liberalismo pierde la pelea narrativa aunque gane la de resultados, y está en la memoria colectiva.

La mayor victoria liberal de la historia reciente de México fue la autonomía del Banco de México, aprobada en 1993 y vigente desde 1994. Conviene decir con precisión qué hizo y qué no, porque el mito le atribuye lo que no le toca. No fue ella la que sacó al país de la inflación de 159.2% de 1987: para 1993, el año en que se aprobó, ya estaba en 8%, y de eso se encargaron el Pacto y un ancla cambiaria que reventó en diciembre de 1994. Su primer año completo de vida autónoma, 1995, cerró con 52%. Lo que hizo fue algo menos vistoso y mucho más duradero: impedir que volviera a pasar. Nunca regresamos a esos niveles, desde 2001 el país opera con una meta de 3%, y esa continuidad —no un golpe de timón, sino treinta años sin sobresaltos— es la razón por la que hoy un salario puede negociarse en términos reales.^[21] Nadie puede nombrar a su caudillo. La expropiación petrolera tiene estatua, corrido y día festivo; la meta de inflación no tiene ni siquiera un nombre propio asociado.

Ése es el problema estructural del argumento institucional: sus victorias son invisibles y sus costos son inmediatos. El caudillo ofrece lo contrario, y por eso gana la conversación aunque pierda la aritmética.

Por qué pierde la oposición

No pierde por la narrativa del adversario. Pierde porque no tiene una.

Está fragmentada entre un partido personalista, una coalición que arrastra su propio expediente y siglas nuevas que nacen débiles o como satélites. Pero el problema es anterior a la aritmética: su relato es sobre el pasado —"antes estábamos mejor"— y el pasado es justamente el terreno donde el gobierno gana, porque los agravios que invoca son verdaderos. Cuando su dirigencia responde a un caso como el de esta semana con un apodo en lugar de una denuncia, confirma el diagnóstico: prefiere el escándalo de tres días a la construcción de un expediente que tardaría dos años.

Mientras la pregunta de la elección sea ¿estás con el pueblo o contra él?, el resultado ya está escrito. La pregunta que cambia el juego es otra, y tiene respuesta numérica: ¿quién te está costando el hospital, la escuela, el empleo de tu hijo? Ahí los datos no están del lado del gobierno, y llevan seis trimestres sin estarlo.

Anclas, no salvadores

Se dirá —con razón— que esto ya se intentó. El Pacto por México de diciembre de 2012 fue el paquete de reformas más ambicioso en treinta años, negociado entre tres partidos, hecho exactamente como manda el manual institucional.^[22] Y buena parte se deshizo entre 2019 y 2024: los órganos que creó están extintos, el diseño educativo que instauró tuvo dos sucesores y ninguno sobrevive, la apertura energética se revirtió por vía constitucional.

Ésa es la objeción correcta, y también el diagnóstico. El problema mexicano no es la ausencia de un hombre fuerte: es que nada se ancla. Y de ahí sale la demanda de caudillo, que no es un rasgo cultural ni una tara nacional, sino una respuesta perfectamente racional a un país donde ninguna regla sobrevive a quien la firmó. Si las instituciones no garantizan nada, el único compromiso creíble es una persona. Se le cree a alguien porque no se le puede creer a nada.

Por eso la tarea de la oposición —de cualquier oposición— no es ganar la próxima elección. Es construir algo que sobreviva a perderla. Eso significa anclas, pero no las que ya tenemos. El umbral constitucional mexicano es de los más altos del mundo —dos tercios de ambas cámaras más la mayoría de los congresos locales— y se cruzó de todas formas; el T-MEC ya existía cuando se revirtió la apertura energética. El problema no es la altura del umbral: es cómo se fabrica la mayoría que lo cruza. El ancla que falta es que dos tercios de las curules exijan dos tercios de los votos, en lugar de que la fórmula de asignación los regale. Junto a eso: reglas fiscales con sanción y no sólo con meta, un servicio civil de carrera que no se renueve con el sexenio, federalismo con recursos propios. Anclas que valgan igual cuando el que manda es de los nuestros, que es el único momento en que de verdad se prueban.

Referencias

1. Cancelación de visa, carta del 13 de agosto de 2026 fechada en Teapa, respuesta del subsecretario de Estado el 14 de agosto y declaración del dirigente nacional del PRI. Cobertura de Infobae, Excélsior, Milenio, CNN en Español y El Imparcial, 13-14 de agosto de 2026.
2. Viajes con cargo al partido (más de 90 de 144 entre 2024 y 2026), reserva de la información del viaje a Japón, y giras y entrega de despensas antes del plazo legal de precampañas. Semanario ZETA y TV Azteca Noticias, agosto de 2026.
3. Ausencia de carpetas de investigación formales, según el registro de prensa a la fecha de publicación.
4. Secuencia institucional: reforma educativa de 2013 (creación del INEE), reforma de 2019 (sustitución por MEJOREDU) y reforma de simplificación orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024 (traslado de funciones a la SEP).
5. V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo, Democracy Report 2026, con datos al cierre de 2025.
6. Salarios mínimos generales vigentes, CONASAMI, publicados en el Diario Oficial de la Federación.
7. Banco de México, Sistema de Información Económica: índice del salario mínimo real, base diciembre de 2018.
8. STPS e IMSS: salario base de cotización promedio de los trabajadores asegurados, de 354.35 pesos diarios en diciembre de 2018 a 673.92 en julio de 2026. Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Banxico, equivale a 35% de aumento real.
9. INEGI, Medición de la pobreza multidimensional 2024, comunicado 118/25.
10. CONEVAL, resultados de pobreza 2022: estimación del contrafactual sin transferencias.
11. Decreto de extinción del CONEVAL publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2025; el INEGI asume las funciones en julio y publica la medición el 13 de agosto de 2025.
12. INEGI, Estadísticas de Defunciones Registradas: 27,989 homicidios en 2025, tasa de 21.4 por cada cien mil habitantes.
13. SESNSP (cifras oficiales de variación), ENVIPE 2025 (cifra negra de 93.2%) e Índice de Paz México 2026.
14. CONEVAL, mediciones 2020 y 2022; INEGI, medición 2024. Carencia por acceso a servicios de salud.
15. INEGI, cuentas nacionales, vía México ¿cómo vamos?; meta de inversión del Plan México.
16. INEGI: inversión fija bruta y construcción por sector institucional; balanza comercial.
17. OCDE, estadísticas de ingresos públicos 2026, vía México ¿cómo vamos?
18. Cámara de Diputados, votación nominal de la reforma de simplificación orgánica (332 a favor, 119 en contra); publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.
19. INE, Central Electoral, 2 de junio de 2025: participación en la elección judicial del 1 de junio de 2025.
20. V-Dem Institute, Democracy Report 2026: índice de democracia liberal de México.
21. Reforma constitucional de autonomía del Banco de México publicada el 20 de agosto de 1993, vigente desde el 1 de abril de 1994. Inflación anual de 159.2% en 1987, 8.0% en 1993 y 52.0% en 1995, calculadas diciembre contra diciembre con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Banxico.
22. Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por el Ejecutivo federal y las tres principales fuerzas políticas.