Hay dos INEGI y el techo de Hacienda no siempre alcanza para los dos

La tercera entrega de esta serie cobró una factura: entre 2018 y 2024, los mexicanos sin acceso a servicios de salud pasaron de 20.1 a 44.5 millones.^[1] Ese número no cayó del cielo: salió de una medición que alguien levanta casa por casa, procesa y publica. Ésta es una columna sobre lo que cuesta que esa medición exista.

Medir un país cuesta de una manera rara: parejo durante años, y muchísimo de golpe.

En junio de 2026 el INEGI tenía 15,121 plazas permanentes y 4,160 eventuales.^[2] En septiembre de 2025, a días de salir a campo con la Encuesta Intercensal, tenía casi las mismas permanentes y 72,478 plazas eventuales: diecisiete veces las de junio de 2026 y cinco veces las de diciembre de 2024.^[2] Contando la planta, el Instituto llegó a ser cuatro veces y media su tamaño actual, y nueve meses después había vuelto a él. Así se levanta información: se arma un ejército, se manda a campo, se disuelve.

Por eso hay dos INEGI. Uno de planta, de unas quince mil plazas, que procesa, publica y coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: el andamiaje que obliga a que todas las dependencias del Estado produzcan sus datos con las mismas reglas, para que la cifra de una secretaría se pueda comparar con la de otra y con la del año pasado. Y otro de campo, que aparece cuando toca salir a preguntar y que puede llegar a casi cinco veces el tamaño del primero. Confundirlos lleva a comparar años que no se pueden comparar.

La trampa de comparar años

Es tentador tomar el presupuesto de un año y compararlo con el de otro. El de 2020 equivale a unos 22 mil millones de pesos de hoy; el de 2026 es de 11.8 mil,^[3] y el proyecto de 2027, que Hacienda presentó el 8 de septiembre, repite la cifra en pesos corrientes: 11,816 millones.^[4] Una caída de casi la mitad.

Salvo que 2020 fue el año del Censo de Población y Vivienda, que se planeó con alrededor de 205 mil figuras operativas, de las cuales 151 mil serían entrevistadores, para tocar 45 millones de viviendas y con 186 mil dispositivos móviles.^[5] Y 2026 es un año sin operativo grande. No se está comparando un presupuesto con otro: se está comparando un año con censo contra un año sin él.

La comparación que sirve es contra un año parecido. No hay dos iguales —un censo deja más trabajo pendiente que una encuesta—, pero lo más parecido que hay en la serie es 2021, el año siguiente al censo y el de menor presupuesto real de la serie, contra 2026, el año siguiente a la Intercensal. En 2021 el presupuesto total fue de 9.9 mil millones de pesos de hoy y su parte censal, de 77 millones; en 2026, de 11.8 mil y 193 millones.^[3] Contra ese referente, 2026 no salió peor.

Comparar 2020 con 2026, entonces, no demuestra que al Instituto le hayan recortado los operativos: demuestra que un año de censo cuesta más que uno sin él. Lo que sí se sostiene es otra cosa: cuánto dinero tiene el INEGI lo decide Hacienda dos veces. Primero, al fijar el techo, antes de que el Congreso vea el presupuesto. Y después, cuando el techo no alcanza, al decidir si llega un rescate, con el presupuesto ya aprobado.

El techo

Hay una cifra que no depende del ciclo: cuánto pide el Instituto y cuánto le autorizan.

El INEGI no manda su presupuesto al Congreso. Su Junta de Gobierno aprueba el anteproyecto y lo envía a la Secretaría de Hacienda «para la integración» del proyecto que va a los diputados. La Ley de Presupuesto les da a los organismos autónomos ese mismo trato: aprueban su proyecto y Hacienda lo integra. La fracción que regula a las entidades del gobierno menciona los «techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo»; la de los autónomos, no.^[6] Aun así, según contó la presidenta del Instituto ante la Cámara, el techo llega, y llega ahí, en ese paso intermedio del que poco se habla. Qué cifra aprobó formalmente la Junta en esos años no consta en los documentos consultados.

En 2019 el INEGI estimó que necesitaba 17 mil millones de pesos. El proyecto que Hacienda mandó a la Cámara traía 12,629.7 millones. El presupuesto aprobado terminó en 12,129.7 millones.^[7] De los cerca de 4,870 millones que, según su entonces presidente, el Instituto necesitaba y no recibió, 4,370 ya faltaban en el proyecto del Ejecutivo y 500 los quitaron los diputados. La diferencia estaba casi entera antes de que empezara la discusión en la Cámara.

Seis años después, con otro gobierno y otra presidencia del Instituto, la escena se repitió con una precisión casi cómica. En diciembre de 2024, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la presidenta del INEGI explicó que a finales de mayo habían presentado su anteproyecto ante la Subsecretaría de Egresos proponiendo 17.2 mil millones, y que el techo que se les fijó en el Paquete Económico fue de 12.2 mil millones: una disminución de 29 por ciento, 5 mil millones.^[8]

Pidió diecisiete, le fijaron doce. En los dos únicos años en que lo pedido quedó registrado, la distancia fue casi la misma. Los dos, eso sí, fueron el primer presupuesto de un gobierno nuevo; de los demás años no hay registro de lo pedido.

Y el Congreso casi no aparece. Desde 2020, en todos los años en que se puede cotejar, el presupuesto aprobado fue idéntico al que Hacienda había propuesto.^[3][9] Los diputados ratificaron, también en 2025, aunque la presidenta del Instituto les había explicado qué dejaba fuera el techo.

Lo que se cae cuando el techo no alcanza

En 2019, con ese recorte encima, la Junta de Gobierno decidió sostener los Censos Económicos y el Censo de Población, y canceló el Censo Agropecuario. México no lo levantó ese año: lo hizo hasta 2022, tres años después.^[7] No era la primera vez: el proyecto de presupuesto de 2017, del sexenio anterior, ya explicaba que «ante la insuficiencia de recursos para el levantamiento del Censo» agropecuario se haría en su lugar una encuesta.^[10] Cambiar un censo por una encuesta porque no alcanza es costumbre vieja.

En 2025 la candidata a caerse fue la Encuesta Intercensal. El proyecto de presupuesto de ese año repartió la ronda censal entre la Encuesta Nacional Agropecuaria y los Censos Económicos: a la Intercensal no le asignó un solo peso.^[11] La presidenta del Instituto lo advirtió en la misma comparecencia: la Intercensal costaba unos 5,800 millones y, de levantarla con ese techo, lo que quedara «apenas alcanzaría para la nómina y algunos proyectos estratégicos, pero necesariamente se dañaría la capacidad operativa del Instituto para los demás programas».^[8]

Perderla no era perder una encuesta más. Como advirtieron entonces la prensa y especialistas como Ciro Murayama, la Intercensal es la que permite calcular la pobreza a nivel municipal, la que alimenta el Índice de Marginación que se construye desde 1990 y la que sostiene 126 variables socioeconómicas municipales; sin ella, además, las demás encuestas del Instituto pierden precisión, porque sus factores de expansión se apoyan en esa medición intermedia.^[12] Es una muestra y no un censo —unos 7 millones de viviendas contra 45— porque así está diseñada: llena el hueco entre dos censos de población, que son cada diez años. Un país que no la levanta se queda con una foto municipal cada diez años en lugar de cada cinco.

El rescate

Y sin embargo, la Intercensal se levantó. Cómo, está documentado en el Diario Oficial.

El 31 de octubre de 2024 la Junta de Gobierno aprobó el acuerdo para levantar la Encuesta del 3 al 28 de marzo de 2025. El 24 de diciembre se publicó el presupuesto que, en palabras del propio acuerdo posterior, «no contempló recurso público presupuestal para la continuidad de los trabajos». El 9 de enero la presidenta del Instituto lo anunció sin rodeos: «no vamos a tener la encuesta intercensal, es una muestra que nos demanda muchos recursos y tuviéramos que postergar muchos programas». El INEGI la sacó de su Programa Anual de Trabajo.^[13]

El 22 de abril de 2025, tres meses y medio después de darla por muerta, la Junta aprobó un nuevo acuerdo que la revivía y la recorría a octubre, porque «ante la asignación de recursos presupuestales, fue posible replantear la organización y recalendarizar los plazos».^[13] Entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre, la Encuesta visitó alrededor de 7 millones de viviendas de los 7.2 millones que se había propuesto.^[12]

Quién puso el dinero lo dice la Cuenta Pública de ese año: fueron «ampliaciones presupuestarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 y la transferencia de recursos del extinto» Coneval.^[14] El Instituto cerró 2025 con una ampliación neta de 2,702 millones de pesos —1,841 de ellos en servicios personales— y un gasto de 14,947 millones, 22% más de lo que le habían fijado.^[9] Ningún documento consultado separa cuánto fue para la Encuesta y cuánto para el Coneval, ni cuánto sumaron las ampliaciones antes de descontar las reducciones del año; el acuerdo de abril habla de «replantear la organización».

O sea: la misma Hacienda que fijó un techo donde la Encuesta no cabía le dio después el dinero para levantarla. El presupuesto que aprobó la Cámara tenía cero pesos para la Intercensal, y la Intercensal se levantó, al menos en parte, con dinero que no pasó por esa votación.

En 2019 no hay registro de un rescate. La Junta canceló el Censo Agropecuario a principios de año, y el Instituto cerró el año con reducciones por unos 960 millones, la mayor parte, según la Cuenta Pública, ahorros en la compra de dispositivos para el Censo de Población de 2020 y sobrantes al cierre del año, cuando el Agropecuario ya estaba cancelado.^[14] El censo cancelado esperó hasta 2022.

Ésa es la otra mitad del trato. El techo decide cuánto hay; la Junta, qué se cae; la ampliación, qué se levanta. El techo y la ampliación se deciden en Hacienda: uno antes de que el Congreso vea el presupuesto, la otra después de que lo aprobó.

Lo que menos se mueve

Frente a todo eso hay un renglón que se mueve poco: el Programa Regular, el gasto ordinario del Instituto. Paga la nómina de planta, al personal eventual de las encuestas de todos los años, los viáticos, el cómputo, las rentas, la luz y el mantenimiento. Pasó de 6,900 millones de pesos en 2018 a 11,506 en 2026, un aumento real de 15.3%, y este año es el 97% del presupuesto.^[3] El INEGI de planta y el campo de todos los días viven de ese renglón. El campo grande —los censos, la Intercensal— vive del techo de cada año y, cuando no alcanza, de que llegue el rescate.

Lo que se está apostando

En diciembre de 2021 el Fondo Monetario Internacional publicó su evaluación de las estadísticas de México y reconoció el «alto grado de calidad, profesionalismo, cooperación e integridad» del INEGI en la producción de estadística económica. Frente a sus revisiones de 2010 y 2014, las recomendaciones bajaron de veintidós a siete.^[15] La revisión se hizo a mediados de 2021: dos años después del techo de 2019 y con el censo levantado en plena pandemia.

Y no es una foto suelta. El Banco Mundial publica cada año un índice de desempeño de los sistemas estadísticos nacionales, en escala de 0 a 100. México calificaba 86.4 en 2018. En 2021 subió a 89.1, en 2023 llegó a 91.6 —su máximo— y en 2024 se ubicó en 91.0.^[16] Entre 2018 y 2024 la calificación subió cuatro puntos y medio; la serie todavía no cubre 2025. El índice califica al sistema estadístico nacional entero, del que el INEGI es eje y coordinador.

Y ése es el riesgo de cualquier institución que funciona: que aguantar se lea como prueba de que se podía recortar. Ningún documento dice que quien fija el techo razone así; es una sospecha, no un hallazgo. Lo que sí se sabe es cómo se ve el deterioro de un sistema estadístico: no como una crisis, sino como series que se interrumpen, muestras que pierden precisión y desagregaciones que dejan de existir. El día que se note será mucho después del día en que ocurrió.

No es un asunto gremial. De ahí salen la inflación con la que se ajustan salarios y contratos, el PIB con el que se discute la deuda y la medición de pobreza con la que se evalúa cualquier programa social. Es la infraestructura de cualquier discusión pública que aspire a no ser una discusión de opiniones.

El encargo nuevo

En diciembre de 2024 una reforma constitucional ordenó extinguir siete organismos autónomos, entre ellos el Coneval, que medía la pobreza en México; el decreto que lo extinguió y pasó esa función al INEGI se publicó en julio de 2025.^[17] Ese mismo mes la Junta de Gobierno tuvo en su orden del día la designación de la persona titular de una Coordinación General de Medición de Pobreza.^[18] La medición de la que salieron los 44.5 millones de mexicanos sin acceso a la salud es, desde entonces, trabajo del INEGI, y los recursos del Coneval le llegaron dentro de la misma ampliación que pagó la Intercensal.

El presupuesto de 2026, el primero de los revisados desde 2017 que menciona esa atribución,^[19] le dio al programa de medición de pobreza 108.1 millones de pesos, para desarrollos metodológicos y tres procesos: pobreza multidimensional, pobreza laboral y líneas de pobreza. Para el año que viene, el proyecto le destina 77.2 millones, 31 millones menos en pesos corrientes, para cinco procesos en lugar de tres, entre ellos la pobreza municipal, que no estaba entre los procesos de 2026 y que la ley pide medir cada cinco años.^[4][20] Parte de la diferencia puede venir de que los desarrollos metodológicos de 2026 no tienen por qué repetirse, y de que la nómina de quienes hacen la medición no está necesariamente en ese renglón. Aun así, el programa baja el año en que tiene más procesos a su cargo.

Contra el Coneval no hay comparación limpia: aquél era un organismo entero, con su estructura administrativa y su órgano interno de control, y el INEGI monta la función sobre encuestas y personal que ya tiene. Si el dinero no alcanza, lo que falte dependerá otra vez de una ampliación que se decide en Hacienda con el año en curso. En 2025 llegó para la Intercensal.

Tampoco se explica por quién dirige la casa. La explicación fácil —una Junta de Gobierno llena de operadores políticos— no la sostienen las trayectorias: dos de sus integrantes entraron al Instituto hace más de treinta años —uno en 1985, y fue director de censos nacionales y de estadísticas económicas; otro como jefe de zona en el Censo de 1990— y otros dos llegaron desde direcciones generales del propio INEGI.^[21] La casa sabe hacer su trabajo, y eso está medido. Lo que no decide es cuánto dinero tiene para hacerlo.

Cómo se midió esto

Ficha técnica, para quien quiera pelear las cifras.

Las cifras de presupuesto vienen de cuatro capas que conviene no confundir: lo que el Ejecutivo propone (Estrategia Programática del ramo 40 en los proyectos de Presupuesto de Egresos), lo que el Congreso aprueba (los decretos), lo que el Instituto acaba gastando (el estado analítico del ejercicio que él mismo publica, con las ampliaciones y reducciones netas del año) y la explicación de esas diferencias (el análisis del ejercicio que el Instituto entrega a la Cuenta Pública). Se indica en cada caso de cuál se trata; las cifras de 2027 son de proyecto y todavía no están aprobadas, y la comparación entre 2026 y 2027 está hecha en pesos corrientes. La serie con monto legible cubre de 2017 en adelante: no fue posible reconstruir 2010-2016, porque los documentos de ese periodo no consignan el total en texto y varios años no están disponibles, de modo que aquí no se afirma nada sobre el presupuesto de la Encuesta Intercensal de 2015 ni sobre el de ningún año anterior a 2017. Toda cifra publicada por una fuente se cita tal cual; las restas, proporciones y conversiones a pesos constantes que aparecen en el texto son cálculo propio sobre esas cifras. Las conversiones a pesos constantes usan el índice nacional de precios al consumidor como deflactor de promedio anual, y 2026 se calcula con siete meses, así que su valor real es preliminar. Las plazas provienen del formato de obligaciones de transparencia del propio Instituto y solo existen desde 2024, con una advertencia: el formato resumen etiqueta las columnas como "base" y "confianza" cuando el catálogo del formato detallado las clasifica como permanente y eventual, y son estas últimas las correctas; el corte de marzo de 2024 reporta 766 plazas permanentes, cifra imposible que se excluyó por error evidente de captura; el corte de septiembre de 2025 es anterior al arranque de campo de la Intercensal, y sus plazas eventuales son las de todo el Instituto, no solo las de esa Encuesta. Las tres métricas de personal de campo miden cosas distintas y no se suman: las figuras proyectadas de un operativo, los entrevistadores efectivamente contratados y las plazas eventuales vigentes al corte de un trimestre. El monto que el Instituto solicitó en 2019 procede de prensa que citó a su entonces presidente y no de un documento publicado; el de 2025 consta en un boletín de la Cámara de Diputados. El gasto de 2019 es el devengado: la Cuenta Pública reporta 10,479 millones pagados y 744 millones devengados no pagados, que suman los 11,223 del estado analítico. La Cuenta Pública de 2025 dice de dónde vino la ampliación y para qué, pero no cuánto fue para cada cosa, y ningún documento consultado explica por qué la Encuesta no cupo en el techo y sí en la ampliación posterior.

Referencias

1. INEGI, Medición multidimensional de la pobreza 2024. Comunicado de prensa 118/25: 44.5 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud en 2024. Reporte de resultados, cuadro 4, «Carencia por acceso a los servicios de salud, según ámbito, 2016-2024»: en 2018, 15.9 millones en el ámbito urbano y 4.2 en el rural; el total de 20.1 millones es la suma de ambos. Comunicado · Reporte de resultados.
2. INEGI, obligaciones de transparencia, formato «Total de plazas vacantes y ocupadas» y su formato detallado, elaborados por la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos. Plazas permanentes y eventuales por trimestre: 15,131 y 13,319 (jun-2024); 15,001 y 9,742 (sep-2024); 15,021 y 13,332 (dic-2024); 15,095 y 4,901 (mar-2025); 15,064 y 7,639 (jun-2025); 15,094 y 72,478 (sep-2025); 15,095 y 8,678 (dic-2025); 15,082 y 4,613 (mar-2026); 15,121 y 4,160 (jun-2026). Portal de Transparencia del INEGI.
3. Estrategia Programática, Ramo 40 «Información Nacional Estadística y Geográfica», proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a 2026 y decretos aprobados de 2017, 2019, 2020, 2021 y 2026. Totales de proyecto: 12,629.7 mdp (2019), 16,572.9 (2020), 7,746.1 (2021), 9,875.4 (2023), 14,245.3 (2024), 12,245.3 (2025), 11,807.5 (2026). Programa Regular: 6,900 mdp (2018) y 11,506 mdp (2026), este último el 97.4% del total; el decreto de 2026 lo destina «para el pago de remuneraciones al personal con plaza presupuestaria y del eventual que participa en la captación y procesamiento de la información estadística y geográfica, y en las actividades de apoyo a la producción de información, el pago de viáticos, pasajes y gastos de campo», además de uniformes, procesamiento informático, combustibles, agua, energía eléctrica, vigilancia, arrendamientos, mantenimiento y gasto de inversión. Aprobados: 12,129.7 mdp (2019); 16,572.9 (2020), 7,746.1 (2021) y 11,807.5 (2026), idénticos al proyecto (decreto 2026, Ramo 40); para 2023, 2024 y 2025, el presupuesto aprobado que registra el estado analítico del Instituto (referencia 9) coincide también con el proyecto. En pesos de 2026, total y actividades censales: 9,893 y 77 mdp (2021); 11,808 y 193 mdp (2026). Proyectos · Decretos aprobados.
4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, Estrategia Programática del Ramo 40, presentado el 8 de septiembre de 2026: «el INEGI llevará a cabo 140 procesos de producción de información estadística y geográfica a los que destinará 11,816.0 millones de pesos», que es el total del ramo (Programa Regular 11,531.5, Ronda Censal 207.3 y medición de pobreza 77.2); «En materia de Evaluación y Medición de Pobreza, el INEGI destinará 77.2 millones de pesos (0.7%) para realizar cinco procesos de producción: Derechos Sociales, Líneas de Pobreza, Pobreza Laboral, Pobreza Multidimensional a nivel Estatal y Pobreza Multidimensional a nivel Municipal». El decreto de 2026, en cambio: «el INEGI destinará 108.1 millones de pesos para llevar a cabo desarrollos conceptuales y metodológicos que respalden la medición multidimensional de la pobreza desagregada a nivel estatal y municipal, se llevarán a cabo 3 procesos de producción para medir la pobreza multidimensional, laboral y las líneas de pobreza». Ambos documentos enlistan el mismo programa presupuestario de medición de pobreza (02P06). Las comparaciones entre los dos años son en pesos corrientes. PPEF 2027, Ramo 40 · PEF 2026, Ramo 40.
5. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Estrategia Programática del Ramo 40: el Censo de Población y Vivienda 2020 contempla «aproximadamente 45 millones de viviendas particulares y colectivas», con «una estructura operativa de alrededor de 205 mil figuras entre las cuales 151 mil serán entrevistadores» y «186 mil dispositivos móviles».
6. Norma Interna para la Integración del Anteproyecto y el Ejercicio del Presupuesto del INEGI: «la Junta de Gobierno debe aprobar el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación» (Normateca del INEGI). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 5: para los entes autónomos, la autonomía presupuestaria comprende «Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica» (fracción I, inciso a); para las entidades, la misma atribución se ejerce «observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal» (fracción II, inciso a). El artículo 30 ordena a los entes autónomos enviar sus proyectos a Hacienda «a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos». Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Cámara de Diputados.
7. Requerimiento de 17 mil millones para 2019, presupuesto asignado de 12,129.6 millones, recorte de 500 millones por la Cámara de Diputados y cancelación del Censo Agropecuario, en la cobertura de enero de 2019 que citó al entonces presidente de la Junta de Gobierno, Julio Santaella: Milenio y El Informador. El monto aprobado consta además en el decreto del PEF 2019 (12,129.7 mdp). Santaella no descartó una controversia constitucional y calificó la política salarial de «relativamente miope». El censo se levantó finalmente como Censo Agropecuario 2022.
8. Cámara de Diputados, Boletín No. 0497, 2 de diciembre de 2024, reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín. El boletín dice además que, al levantar la Encuesta, el Instituto «únicamente se quedaría con 7 mil 200 millones»; esa cifra coincide con restar al techo los 5 mil millones de diferencia que reporta el mismo boletín, no los 5,800 del costo de la Encuesta, y por esa ambigüedad no se usa en el texto. Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
9. INEGI, obligaciones de transparencia, «Presupuesto asignado» y «Ejercicio de los egresos presupuestarios» (estado analítico del ejercicio del presupuesto, elaborado por la Dirección General de Administración). Registro anual de presupuesto aprobado, ampliación o reducción neta del año y monto devengado: 12,129.7 mdp, −906.4 y 11,223.3 (2019); 16,572.9, −1,022.5 y 15,550.4 (2020); 7,746.1, −120.6 y 7,625.5 (2021); 11,115.3, +44.1 y 11,159.4 (2022); 9,875.4, +176.5 y 10,051.9 (2023); 14,245.3, +222.8 y 14,468.1 (2024); y 12,245.3, +2,702.0 y 14,947.3 (2025). El desglose de la ampliación de 2025 por capítulo de gasto: servicios personales +1,841.3, servicios generales +470.7, bienes muebles e inmuebles +377.1, inversión pública +47.4, con reducciones en materiales y suministros (−32.2) y transferencias (−2.2); el subejercicio reportado es cero en todos los capítulos. Portal de Transparencia del INEGI.
10. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, Estrategia Programática del Ramo 40: «En materia Agropecuaria, ante la insuficiencia de recursos para el levantamiento del Censo, se pretende llevar a cabo la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Encuesta Nacional de Comercialización de Productos Agropecuarios».
11. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, Estrategia Programática del Ramo 40: «Para las actividades de la Ronda Censal se destinarán 1,692.6 millones de pesos, de los cuales se asignarán 1,482.6 millones de pesos para la Encuesta Nacional Agropecuaria y 210 millones de pesos para los Censos Económicos». La Encuesta Intercensal no aparece.
12. Encuesta Intercensal 2025: anuncio de cancelación por restricciones presupuestales a principios de 2025, con el argumento de que su costo comprometía otros proyectos estratégicos del Instituto; arranque del levantamiento el 6 de octubre de 2025 (SNIEG); y cierre el 14 de noviembre, con más de 44 mil entrevistadores y alrededor de 7 millones de viviendas visitadas de los 7.2 millones proyectados, con resultados previstos para septiembre de 2026 (comunicado de prensa 134/25 del INEGI). Lo que su cancelación habría implicado —medición de la pobreza a nivel municipal, el Índice de Marginación construido desde 1990 y 126 variables socioeconómicas municipales—, en Milenio, 7 de abril de 2025, y en la columna «Asfixiar al INEGI y su misión» de Ciro Murayama, El Financiero, 15 de enero de 2025, que añade el efecto sobre los factores de expansión de las demás encuestas y sobre los compromisos de México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo.
13. Acuerdo que modifica los plazos del similar por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, captación de datos, procesamiento y difusión de la Encuesta Intercensal 2025, aprobado por la Junta de Gobierno del INEGI mediante Acuerdo 6ª/III/2025 en su Sexta sesión, celebrada el 22 de abril de 2025. Sus considerandos registran «Que el 24 de diciembre de 2024 se publicó en el DOF el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año fiscal 2025, el cual, no contempló recurso público presupuestal para la continuidad de los trabajos de la EIC 2025»; que «ante las limitaciones financieras, el INEGI no incluyó la continuidad de actividades de dicho ejercicio estadístico en su Programa Anual de Trabajo 2025»; y que «ante la asignación de recursos presupuestales, fue posible replantear la organización y recalendarizar los plazos». El acuerdo original, con levantamiento previsto del 3 al 28 de marzo de 2025, es el 12ª/II/2024, aprobado el 31 de octubre de 2024 y publicado en el DOF el 22 de noviembre. Texto del acuerdo. El anuncio de la cancelación, del 9 de enero de 2025, en Milenio.
14. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública, Tomo VI, «Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos» del INEGI. 2025: «el presupuesto ejercido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI/Instituto) ascendió a 14,947,283.2 miles de pesos, superior en 22.1% con relación al presupuesto aprobado»; en servicios personales, «Ampliaciones presupuestarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 y la transferencia de recursos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social» (Cuenta Pública 2025, p. 1). 2019: gasto pagado de 10,479,065.3 miles de pesos, «inferior en 13.6%» al aprobado, con «Reducciones líquidas por 84,674.5 miles de pesos por aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, 81,345.4 miles de pesos por transferencias a SEMAR; 465,000.0 miles de pesos derivados del resultado en el proceso de adquisición de dispositivos móviles y 328,719.4 miles de pesos por economías al cierre de las operaciones», y 744,278.1 miles de pesos «devengados no pagados»; el mismo documento registra «ahorros por 710,231.4 miles de pesos en el Censo de Población y Vivienda» (Cuenta Pública 2019, pp. 2-3).
15. Fondo Monetario Internacional, Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes — Data Module, publicado el 22 de diciembre de 2021, con revisión realizada en junio de 2021. El Informe reconoce el «alto grado de calidad, profesionalismo, cooperación e integridad» en la producción de la estadística económica por parte del INEGI, verifica el cumplimiento de la Norma Especial para la Diseminación de Datos en censos económicos y agropecuarios, encuestas económicas, registros administrativos y cuentas nacionales, y reduce las recomendaciones de veintidós —en las evaluaciones de febrero de 2010 y julio de 2014— a siete. Informe del FMI y comunicado 122/22 del INEGI, 18 de febrero de 2022.
16. Banco Mundial, Statistical Performance Indicators, puntaje general para México (indicador `IQ.SPI.OVRL`, escala 0-100), consultado el 24 de agosto de 2026 en la API de datos abiertos del organismo: 86.4 (2018), 86.2 (2019), 86.3 (2020), 89.1 (2021), 89.0 (2022), 91.6 (2023) y 91.0 (2024). El índice evalúa al sistema estadístico nacional en su conjunto —no solo al INEGI, aunque el Instituto es su eje— en cinco dimensiones: uso de los datos, servicios, productos, fuentes e infraestructura. Banco Mundial.
17. Decreto de reforma constitucional «en materia de simplificación orgánica», publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, que ordena extinguir siete organismos autónomos, entre ellos el Coneval (índice del DOF de ese día); y decreto de reforma publicado en el DOF el 16 de julio de 2025, en vigor al día siguiente, que extingue el Coneval y transfiere sus funciones al INEGI (Cámara de Diputados).
18. Acta de la Décima Sesión de la Junta de Gobierno del INEGI, 22 de julio de 2025, punto VI del orden del día: «Designación de la persona Titular de la Coordinación General de Medición de Pobreza». Actas de sesiones, SNIEG.
19. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, Estrategia Programática del Ramo 40, que enlista entre las atribuciones del Instituto «normar y coordinar la evaluación integral de la política de desarrollo social y medición de la pobreza». La revisión de los proyectos de 2017 a 2025 no encontró ninguna mención previa de esa función.
20. Ley General de Desarrollo Social, artículo 37 (reformado en el DOF el 16 de julio de 2025): «Las mediciones de pobreza que realice el Instituto deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años». El proyecto de 2027 repite esa periodicidad al describir sus cinco procesos. Ley General de Desarrollo Social, Cámara de Diputados.
21. Integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI y sus trayectorias: José Arturo Blancas Espejo, en el Instituto desde 1985, director general de Cartografía Catastral, director de Censos Nacionales y director general de Estadísticas Económicas desde 2009; Mauricio Márquez Corona, jefe de zona en el Censo de 1990, jefe de Control de Censos Económicos y coordinador estatal en Hidalgo; Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia; Rosa Isabel Islas Arredondo, directora general de Integración, Análisis e Investigación. La presidenta, Graciela Márquez Colín, proviene de la academia y fue titular de la Secretaría de Economía entre 2018 y 2020. Consultado el 24 de agosto de 2026. Integrantes de la Junta de Gobierno, SNIEG.